Félix Bolaños responde a las asociaciones de jueces y fiscales que estuvieron detrás de la huelga del pasado julio y les pide que identifiquen a los profesionales que participaron en el paro laboral en protesta contra sus reformas.

El ministro de Justicia da este paso después de que todas las agrupaciones de la judicatura y de la Fiscalía -menos las dos, respectivas, progresistas- se quejasen de que su departamento no ha detraído los salarios de los participantes en la huelga contra las conocidas como "leyes Bolaños".

"Esta omisión no es menor: en la anterior huelga del año 2018, los haberes fueron descontados de forma automática y sin objeciones, tal como establece la normativa vigente", advertían en un comunicado conjunto conocido ayer que firman la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), junto a la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Ahora, Bolaños anima a las asociaciones judiciales y del Ministerio Público a que sean quienes pongan nombre y apellido a los que se ausentaron de sus puestos de trabajo como "autodesignadas responsables de la convocatoria" celebrada en las tres primeras jornadas del último mes.

El ministro les indica, además, en una carta remitida este mismo viernes (que lleva la firma del secretario de Estado, Manuel Olmedo), la manera en que pueden hacerlo: "Si tienen un listado verificado y autorizado de jueces y fiscales que la hayan secundado, tal y como han manifestado públicamente, les solicitamos que lo envíen al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, o bien directamente a este ministerio a la mayor brevedad para proceder a la deducción del salario".

El precedente de 2018

Justicia y las asociaciones también se replican al abordar las distintas maneras de proceder por parte del ministerio en esta última huelga con respecto a la precedente de 2018.

El equipo de Bolaños defiende que, en aquella ocasión y a diferencia de esta vez, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE) les trasladaron sendos listados de las personas de las Carreras que se adhirieron a la huelga, acto seguido se pudo aplicar la detracción en sus retribuciones. Justicia solo pudo, en esta ocasión, certificar que dos jueces (uno en prestación de servicios mínimos) y 28 fiscales no cumplieron con sus labores diarios por este motivo.

Por su lado, las entidades profesionales le echaron en cara al ministro socialista que no hubiese actuado como su antecesor en aquella etapa, pese a contar con los "medios" y "herramientas" para poder hacerlo.

En este sentido, recordaban que los propios jueces y fiscales que participaron en la protesta no pueden descontarse ellos mismos la parte proporcional a su ausencia en sus nóminas y ni siquiera es obligación suya pedirlo.

Por lo que entienden que es únicamente el ministerio, como órgano pagador, el que tendría que haberse preocupado por recabar datos y haber sacado adelante las detracciones. Y no -como consideran que hizo- haber optado por agarrarse al "hecho anecdótico" de que alguno lo comunicó a Justicia directamente como forma -entienden- de 'vender' ante la opinión pública que no hubo "casi" seguimiento de la huelga en un intento de invisibilizar su movilización

O, como entienden que hizo previamente, en los días de la convocatoria, en que dio datos de la participación en base -según las asociaciones- a las "actuaciones suspendidas" en los juzgados de toda España. Es, para ellas, todo un "burdo ejercicio de propaganda y manipulación".