El Congreso da luz verde a la renovación del cupo vasco hasta 2026

El Congreso ha dado luz verde a las modificaciones del convenio económico navarro y al concierto económico vasco para incluir los últimos impuestos aprobados y ha dado luz verde a la renovación del cupo vasco. Los tres temas, articulados a través de un proyecto de ley cada uno, han recibido el apoyo de 273 diputados y el rechazo de 60 parlamentarios (seis abstenciones).

La actualización del convenio económico navarro tiene como objetivo incorporar el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto a la banca, energéticas y grandes fortunas. La actualización del concierto económico vasco tiene como objetivo una actualización con esos tres impuestos citados y el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertederos, la Incineración y la Coincineración de Residuos. Finalmente, se ha renovado el cupo vasco, que tiene como objetivo regular la cuantía que tiene que pagar la Hacienda vasca al Estado para costear las competencias no transferidas (es decir, servicios como la política exterior o la defensa) durante el periodo 2022-2026.

El debate, como siempre ocurre con la financiación especial que tienen los territorios forales del País Vasco y Navarra, ha sido controvertido y ha dejado imágenes curiosas, que se han convertido ya casi en habituales. PSOE y PP se han unido y han apoyado los tres proyectos de ley, aunque con matices. El diputado popular Gabriel Elorriaga ha defendido el "anclaje constitucional" que tiene el modelo foral, pero ha cargado contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la política fiscal que está aplicando. En este sentido, ha criticado que los impuestos que se actualizan en el convenio y el concierto son una "muestra" de la "pésima gestión de la política fiscal" porque es una "inmensa chapuza" la creación de los impuestos. Sobre todo, ha hecho énfasis en el impuesto a las grandes fortunas con un "afán recentralizador" y de "manera torpe" para "confrontar con las autonomías del PP". "Después se da cuenta que su decisión choca con el concierto y el convenio y para no perder a sus aliados parlamentarios, ahora concierta el impuesto", ha afirmado, aunque ha augurado que no se va a acabar aplicando ni en 2022 ni en 2023 en el País Vasco y Navarra.

Bildu ha cargado duramente contra el PNV, al que ha acusado de haber derogado un impuesto a las grandes fortunas en la Diputación de Guipuzcoa y le ha reprochado falta de ambición en este acuerdo de renovación del cupo con el Gobierno. Mertxe Aizpurua ha ironizado sobre el "gran acuerdo" de los nacionalistas vascos porque ha considerado que se lo han puesto fácil al Gobierno al "mantener la misma fórmula que hasta ahora, claramente beneficiosa para el Estado, pero no para la ciudadanía vasca, por mucho que se diga lo contrario". Los abertzales critican que el actual cupo, situado en el 6,24%, es superior al peso del País Vasco en PIB y población. En cambio, en el PNV achacan estos ataques de Bildu al ciclo electoral y a la necesidad de ser críticos con un tema que son incapaces de capitalizar porque el concierto y el cupo vasco (pilares del autogobierno vasco) siempre han sido un símbolo de los nacionalistas vascos.

Y, finalmente, un partido como Compromís, del bloque de investidura, ha vuelto a votar en contra y su diputado, Joan Baldoví, ha sido muy crítico porque el Gobierno sigue sin renovar el sistema de financiación que, a su juicio, perjudica a la Comunidad Valenciana.

También Vox y Ciudadanos han sido muy duros en contra de los tres proyectos de ley y han presentado enmiendas a la totalidad, aunque no han prosperado. Buena partes de los ataques de ambos partidos han ido dirigidos al PNV, al que acusan de salir siempre beneficiado por el Estado, y contra el PP por ponerse siempre de acuerdo con el PSOE para mantener el concierto y el convenio, que derivan de la disposición adicional primera de la Constitución.