La defensa de Juan Carlos I dice que Corinna envió tres cartas intimidatorias

La larga batalla legal que enfrenta a Juan Carlos I y Corinna Larsen regresó ayer al Tribunal Superior de Inglaterra donde los abogados del emérito solicitaron a la Justicia británica que desestime la demanda por presunto acoso presentada por su ex amante quien ahora le reclama 126 millones de libras(unos 146 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios.

La cifra fue la única revelación novedosa de una vista que se prolongará hasta el viernes y en la que la defensa del que fuera jefe de Estado sostiene que la demanda «no tiene posibilidades reales de salir adelante». El abogado Adam Wolanski, del bufete británico Velitor Law (el tercero que contrata el emérito), aseguró en varias ocasiones que se trata de un «auténtico caos» por varias razones. Una de las principales, según relató, es que, durante el periodo en el que se produjeron las supuestas amenazas, Larsen concedió varias entrevistas en las que hablaba de la buena relación que mantenía con Juan Carlos I.

Asimismo, el letrado asegura que las maniobras presentadas por la empresaria danesa-alemana no encajan con la definición de «acoso» que contempla la ley británica. Denuncia también que su relato –enmendado una y otra vez en los últimos dos años– carece de credibilidad, no contiene hechos o pruebas concretas que sostengan las acusaciones, aporta datos irrelevantes para la causa y supone un abuso del derecho procesal. Por último, señala que, en diversas entrevistas, Larsen aseguró que vivía en Mónaco, no en Londres, por lo que no habría lugar a celebrar el proceso en el Reino Unido.

El proceso civil se halla aún en una fase inicial, en la que deben dilucidarse cuestiones preliminares. El miércoles continuará la exposición de la defensa del emérito y el jueves y viernes será el turno de la defensa de Larsen.

La compleja batalla legal en Londres se remonta a finales de 2020, con la demanda interpuesta por la empresaria danesa-alemana por el supuesto espionaje que, según su versión, sufrió a partir de 2012 directamente del rey emérito o de personas en su nombre, como el ex director del CNI Félix Sanz Roldán. El motivo de las amenazas, según alega, fue su negativa a devolver los casi 65 millones de euros que le habían transferido de manera «irrevocable» y su rechazo a reanudar la relación sentimental.

La defensa de la empresaria expone que el rey emérito «trató de usarla y controlarla para que aceptara sumas sustanciales de dinero que no declaraba a las autoridades españolas para luego permitirle tener un acceso oculto al dinero». Según su versión, el monarca justificó meterla en sociedades como Lucum sobre la base del «cariño» que le tenía a ella y a sus hijos y que no podía dejar reflejado en su testamento. Pero cuando la relación se quebró tras la polémica por la cacería en Botsuana en abril de 2012, el rey quiso recuperar su dinero y comenzó una supuesta campaña de acoso por parte del «aparato del Estado» y de la prensa española.

Por su parte, la defensa de Juan Carlos I asegura que la empresaria llegó a mandar hasta tres cartas intimidatorias a la Casa Real en las que amenazaba con entregar a los medios «material incriminatorio que haría daño a la institución» si no le ayudaban a poner freno al supuesto acoso.

Durante todos estos años, el complejo proceso legal había estado discutiendo las cuestiones preliminares que afectan a la inmunidad del rey emérito, con un debate legal sobre si el monarca actuó dentro del ámbito privado o público. Después de que en marzo del año pasado, el juez del Tribunal Superior de Justicia británico Matthew Nicklin denegara al rey emérito la inmunidad, sus abogados apelaron la decisión y a finales de 2022, el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales Gales dictaminó que los actos ocurridos en los años previos a su abdicación en 2014 gozan de inmunidad y no pueden ser juzgados en territorio británico. La justicia, por tanto, no examinará algunos de los hechos más controvertidos que alega la ex amante del rey emérito, como la visita de 2012 a Londres presuntamente amenazante del entonces director general del CNI, Félix Sanz Roldán, o la intrusión de un equipo de operativos de la empresa de seguridad Eulen, a las órdenes de Sanz Roldán, en su apartamento de Mónaco para robarle documentos.