En apenas seis meses, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo y fraude fiscal, entre otros.

Que la que fuera la familia con mayor poder en Cataluña durante más de dos décadas sea juzgada por supuestas actividades corruptas «aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana» refuerza –presunción de inocencia mediante– la confianza en una Justicia igual para todos. Pero lenta, muy lenta.

Tanto que cuando comience el mediático juicio el próximo 10 de noviembre Jordi Pujol tendrá ya 95 años –los cumplirá el 9 de junio– y su imagen ante el tribunal como epítome visual de esa proverbial Justicia renqueante -lastrada por la falta de medios y con una ratio de jueces por habitante por debajo de la media europea- preocupa en la Audiencia Nacional, donde las fuentes consultadas no dudan en calificarla de «demoledora».

No en vano, han pasado más de doce años desde que, en enero de 2013, Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del líder convergente, denunciase en la Audiencia Nacional –tras haberlo hecho ante la Policía en diciembre del año anterior– los viajes a Andorra con bolsas de dinero y las cuentas familiares ocultas, que Jordi Pujol acabaría reconociendo en julio de 2014, aunque atribuyéndolas a una herencia paterna.

Ese 17 de enero en el que el juez Pablo Ruz, primer instructor de la causa, tomó declaración a regañadientes a Victoria Álvarez –obligado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal a instancias de la Fiscalía–, el futuro de las diligencias se adivinaba incierto.

En los pasillos de la Audiencia Nacional en la madrileña calle Prim –la sede de los juzgados de instrucción estaba en obras– se escuchaba incluso que la expareja de Pujol Ferrusolaactuaba por despecho y que, tras las necesarias actuaciones de investigación, sus acusaciones estaban abocadas al archivo.

"¿Qué coño es eso de la UDEF?"

Pero no. La investigación salió adelante impulsada por los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía – «¿qué coño es eso de la UDEF?», se preguntó Jordi Pujol en el Parlament meses después como si la cosa no fuera con él–. Durante más de una década, al juez Pablo Ruz le siguieron otros dos: José de la Mata y Santiago Pedraz.

Una investigación interminable –casi todas en las que hay que librar comisiones rogatorias al extranjero reclamando auxilio judicial internacional lo son– que se vio prolongada incluso más aún si cabe durante más de dos años por el cribado del sumario de datos privados de la familia Pujol y las recurrentes quejas de su defensa sobre los problemas informáticos para acceder a las diligencias para poder realizar ese expurgo que no dejara a la intemperie correos e imágenes de su intimidad personal.

La prolongada tramitación de la causa –durante la cual fue apartada del procedimiento por padecer alzhéimer la esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, fallecida en julio del pasado año– acarreará, según las fuentes consultadas, que el tribunal esté obligado a aplicar una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, lo que en caso de condena –la Fiscalía Anticorrupción reclama para el expresidente de la Generalitat una pena de nueve años de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales– esta se vería sensiblemente reducida.

Una circunstancia que, apuntan, avivaría aún más la perplejidad ciudadana ante las consecuencias de una respuesta judicial tan dilatada en el tiempo.

"¿Quién cree que a un anciano lo 'rehabilitas'?"

«La Justicia tardía no es justicia», apuntan fuentes jurídicas, que resaltan que así «se diluye el efecto preventivo general de la pena: la coacción psicológica a la colectividad para evitar delitos futuros».

En todo caso, añaden, «juzgar a un anciano de 95 años casa mal con los fundamentos mismos de la Justicia penal» en la medida en que «se desdibuja el fundamento reeducador y rehabilitador de la pena».

«Un anciano no se defiende, es complaciente y tiene la guardia baja», insisten. «Interrogarle es casi un abuso, porque no miden el alcance de lo que dicen».

«¿Quién cree que a un anciano lo “rehabilitas”?», se preguntan al respecto antes de recordar que nuestra Constitución «expresa la resocialización como fundamento y finalidad de la pena», lo que en este caso –resaltan– «se percibe como una inutilidad».

Frente a este posicionamiento, el de quienes defienden que, al margen de su edad, Jordi Pujol debe rendir cuentas ante la Justicia por los supuestos hechos delictivos que se le atribuyen.

De manera que una instrucción desmesurada no puede servir al expresident de parapeto, por su avanzada edad, para eludir el juicio.

En cualquier caso, su presencia en la sala puede ser fugaz (está previsto que el juicio concluya en abril de 2026) dado que se da por hecho que, llegado el caso, su defensa solicitará al tribunal que se le exima de acudir tras su declaración hasta el trámite de última palabra.

Siempre y cuando, claro, sus abogados no aporten antes un certificado médico que constate un posible deterioro cognitivo, en virtud del cual soliciten a la Sala el archivo de las actuaciones.

En la retina de la Audiencia Nacional, otra imagen que en 2009 escenificó la «pena de banquillo». Dos exdirigentes de CiU muy próximos al propio Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, fueron fotografiados a las puertas del tribunal esposados y sujetando bolsas de basura con sus pertenencias tras ser trasladados desde la cárcel de Soto del Real para declarar ante el juez Baltasar Garzón por la «operación Pretoria».

La investigación interna fue archivada, pero el revuelo originado obligó a revisar los protocolos de traslados de detenidos para evitar que una situación así se repitiese.