La Fiscalía pide el archivo del caso contra el hermano de Pedro Sánchez. El Ministerio Público, que llegó a respaldar inicialmente a la juez en algunas de sus diligencias clave, considera ahora que la causa tiene que sobreseerse sin llegar a juicio. Según recalca, la juez Beatriz Biedma ha basado su procesamiento en "conjeturas e hipótesis" que no cuentan con base indiciaria para enviarle al banquillo.

En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, indica que no se han recabado los indicios suficientes como para mantener que el puesto de coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz que consiguió a mediados de 2017 se creó para él. Por ello recurre el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz con el que dio el primer paso para enviar al banquillo de los acusados al hermano de Sánchez; al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; a exaltos cargos de este organismo y, también, al que fuera asesor de Moncloa Luis Carrero.

El Ministerio Fiscal sostiene ahora que la imputación efectuada por la magistrada "no se sustenta en la existencia de auténticos indicios racionales de criminalidad", sino en conjeturas que pudieron ser suficientes para abrir causa, pero no para procesarle. Es más, le acusa de no describir de manera fiel las diligencias practicadas y de no expresar, con claridad, los indicios que le llevaron a concluir que la Diputación de Badajoz -atendiendo probablemente al criterio de personas de su entorno- fabricó una plaza para el músico y la sacó a concurso para simular la legalidad del proceso.

El mail sobre el "hermanísimo" fue un "rumor"

Al respecto, el Ministerio Fiscal dice que los directores de conservatorios, en contra de lo mantenido por la juez y las acusaciones populares, no entendieron que el puesto se creó "con motivaciones espurias", La juez basó esta conclusión, entre otros motivos, en que ellos no solicitaron la creación de la plaza (pese a que altos cargos de la Diputación dijeron lo contrario) y, también, en un correo que se enviaron entre ellos el 17 de mayo con las bases del concurso. ´

El concepto de dicho "mail" era la palabra "hermanísimo" y se envió el mismo día que se publicaron dichas bases, sin conocerse, por tanto, quien se iba a presentar a la plaza ni quien la iba a conseguir. Por el contrario, la Fiscalía dice que defendieron en sede judicial que "el puesto que se creó respondía fielmente a las funciones para las que se creó" y que David Sánchez "ayudó a la gestión de los conservatorios". Sobre dicho correo asegura que tenían un rumor de que David Sánchez "pudiera presentarse como candidato", pero no de que le iban a adjudicar la plaza.

"Solo consta la existencia de un rumor que no se concreta y que no permite conocer, para el caso de entenderse que ha habido contactos, entre qué personas se produjeron ni cuál fue su contenido. Mucho menos que ese contacto generare en las autoridades o funcionarios públicos el propósito de cometer un hecho delictivo", dice la fiscal adscrita al caso. Además, indica que este puesto de coordinador de los conservatorios pacenses ya existía con antelación, si bien el mismo no había sido ejercido por personal de alta dirección.

Del mismo modo niega que las entrevistas al resto de candidatos fueran "ficticias" y reprocha a la juez que no haya practicado "una sola diligencia" que permita poner en duda que la evaluación fue incorrecta. Al hilo, analiza los correos incautados por la UCO en la Diputación (diligencia que en su día la fiscal respaldó, pese a la oposición de los investigados) y concluye que no se desprende ilícito penal de los mismos.

No pusieron un "cartelito" en su lugar de trabajo

Tampoco ve irregularidades con la excedencia que disfrutó Sánchez. Al respecto, explica que el músico "en ningún momento se desvinculó de forma laboral" de la Diputación de Badajoz tanto en el marco de la coordinación de las actividades culturales de los conservatorios como en el proyecto ópera Joven. De hecho, considera que tampoco hay delito alguno con el cambio de nomenclatura a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, pese a que la juez sospecha que fue un ascenso "encubierto" y que no se hizo público para evitar tener que sacar la plaza a concurso.

"Todos los que han declarado sobre esto han afirmado que el procedimiento fue legal, no siendo necesario un expediente de contratación pública en el que hubieran concurrido otros aspirantes ya que la modificación 'no obedeció a un cambio de funciones, sino a su diversificación'", dice la fiscal. Sobre la supresión de incompatibilidad de sus funciones, el recurso indica que fue "irrelevante".

Al hilo, dice que el cambio de nomenclatura no le supuso "ningún beneficio" al hermano del presidente del Gobierno, sino que se aumentó la carga de trabajo. "Se multiplicaron las funciones, el territorio era más amplio. No significó que pusieran un cartelito 'Oficina de Artes Escénicas' (..) no era un sitio físico, era un paraguas de actividades", reza la Fiscalía, muy en sintonía con lo manifestado por el propio Sánchez en su segundo interrogatorio, después de que en enero no supiera ubicar físicamente la oficina que dirige.

"La convocatoria no fue opaca"

Finalmente, en lo que respecta a la contratación de Luis Carrero, la Fiscalía tampoco ve ilícito alguno. Frente a la juez -que sospecha que le enchufó en la Diputación de manera irregular tras más de dos años trabajando para él de manera encubierta- el Ministerio Público sostiene que se propuso la creación de la plaza que se adjudicó el entonces asesor de Moncloa para optimizar los recursos disponibles.

Tampoco ve sospechoso que no tuviera despacho físico hasta el año pasado y que lo compartiera con Carrero, quien le llama "hermanito". "No existe ningún acto de influencia o prevalimiento sobre el director del área de cultura y el diputado delegado que determine la creación o la provisión a través de la comisión de servicio del puesto de Jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas", insiste.

Por todo ello concluye que no hay indicios de la comisión de delito de prevaricación y tráfico de influencias y que la "totalidad de investigaciones policiales, las documentales aportadas, las testificales y las declaraciones de investigados no conforman un bloque material suficiente para provocar un juicio oral". Así pues, la Fiscalía rebate a la instructora y a las acusaciones populares, quienes impulsaron y lideran la actuación de este procedimiento, y que piden tres años y medio de prisión por prevaricación en concurso medial con tráfico de influencias y nombramiento ilegal.

Manos Limpias y Hazte Oír reaccionan contra la fiscal

Manos Limpias, sindicato que inició la causa y que ha liderado las acusaciones populares, sostiene que no le ha sorprendido el escrito de la fiscal y apunta a una "politización" de la institución que dirige Álvaro García Ortiz que "no se ajusta a un Estado de Derecho". "Manos Limpias está estudiando la interposición de una querella contra la fiscal de Badajoz por haber ocultado una denuncia que era una de las pruebas clave contra David Sánchez, escudándose en la disculpa peregrina y falsa que recibe cientos de denuncias", expone el sindicato, que añade que la fiscal "se ha convertido en la mejor abogada del imputado David Sánchez".

Por su parte, Hazte Oír -que también ejerce la acusación popular en el procedimiento- ha reivindicado la necesaria labor de esta figura que el Gobierno pretende suprimir mediante reforma legal. "Al PSOE le molesta que existan ciudadanos comprometidos. Estamos muy atentos a otros movimientos. Sabemos que el siguiente objetivo va a ser reforzar el rango de acción de la Fiscalía. Se excusarán en adaptar la figura a la Unión Europea", indican.