El juez reclama al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad de Alvise para investigarlo por financiación ilegal

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Julián Sánchez Melgar ha acordado solicitar al Parlamento Europeo que deje en suspenso la inmunidad del eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, para seguir adelante con la investigación contra él por delito electoral y financiación ilegal de partido político por la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, Álvaro Romillo, también imputado.

Se trata del segundo suplicatorio que el Supremo traslada al Parlamento Europeo en las cuatro causas que tiene abiertas el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta, pues el pasado julio se dio el mismo paso en relación a la investigación a Alvise por el supuesto acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia.

Los hechos investigados, basados en una denuncia de Romillo, se centran en una reunión que mantuvo con el político antes de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en que Alvise habría solicitado a Romillo apoyo económico, "pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna ni reflejarse en su contabilidad" a cambio de "influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo".

Ambos habrían acordado que la entrega se haría por un tercero, comisionado de Romillo, que entregaría a Alvise una mochila con 100.000 euros. Los detalles de esa entrega se fraguaron a través de mensajes, como ha acreditado -subraya el magistrado- el análisis través del teléfono del empresario.

Justificación "poco verosímil"

Cuando esa entrega se produjo, Alvise se llevó la mochila a su casa "sin ingresar tal cantidad de dinero, que iba en billetes de diversas clases, conforme aseguró al serle tomada declaración", gastándose hasta el día de la declaración "aproximadamente el 50 por 100 de su importe, en gastos y necesidades del partido político, como viajes o almuerzos".

El juez recuerda que cuando se le preguntó por por esta entrega de dinero en su declaración voluntaria, Alvise dijo que cobró ese dinero como pago por una conferencia en el hipódromo de Madrid, "ante una colectividad de posibles seguidores o interesados en su posición política, intervención de escasa duración". Una justificación que Sánchez Melgar considera "poco verosímil".

Para el instructor, el análisis del móvil de Romillo "acredita" estos hechos, así como las conversaciones entre ambos dan cuenta de "los pormenores de una presunta financiación irregular, en tanto recibo dinero por encima de 50.000 euros, que constituye delito tipificado por el Código Penal español, no se documenta, se mantiene opaco, y se utiliza para fines electorales, lo que supone una forma de proceder que desequilibra el buen funcionamiento electoral, tratándose de aprovechar de influencias futuras para la recepción" de dinero "que ayude al Sr. Pérez a obtener escaño en el Parlamento europeo". Quebrantando, por tanto, "la limpieza y transparencia electoral".

El magistrado del alto tribunal -que ve indicios de financiación ilegal de partidos políticos y delito electoral- afirma que no puede seguir adelante con la investigación sin obtener el plácet del Parlamento Europeo, por lo que acuerda reclamar el suplicatorio y suspendiéndose, mientras tanto, el procedimiento a la espera de la respuesta del Parlamento Europeo.

Sánchez Melgar precisa que los hechos investigados no están relacionados con las actividades parlamentarias de Alvise, sino que se centran en su actuación ante de adquirir la condición de eurodiputado.