Más espaldarazos que reproches al juez Peinado

Un juez veterano, con plaza en uno de los tribunales de instrucción (el 41) de la madrileña Plaza de Castilla, se ha convertido en la comidilla de la judicatura.

Juan Carlos Peinado, que a partir de septiembre le quedarán solo dos años más de carrera, es el perejil de todas las salsas en las conversaciones que se cruzan en los juzgados capitalinos.

La forma en que ha llevado la instrucción del «caso Begoña Gómez» durante los últimos casi 13 meses despierta posiciones radicales y enfrentadas.

Para unos, cada citación, imputación o diligencia que ordena está rodeada de lagunas, y hay quien, incluso, ve rasgos de prospección.

Otros, en cambio, le reconocen el haber logrado destapar presuntas «desviaciones de poder» detrás de que la mujer del presidente del Gobierno, desde que lo es, haya tenido una estelar trayectoria profesional. También le agradecen que se haya conocido que una asesora de Moncloa le ayudaba a gestionar esa carrera laboral.

En el punto medio, solo se ha colocado la Audiencia Provincial de Madrid, su superior directo, que le ha apoyado en unos movimientos sí, y en otros no.

Los hay que insisten en poner solo el foco en las correcciones de los magistrados madrileños, pero son varios y trascendentales los espaldarazos que le dan al juez Peinado.

Sí, la Audiencia ha sacado de la causa al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, porque no fundamentó suficientemente su imputación por tráfico de influencias en relación a la creación de la cátedra de Begoña Gómez.

Pero también indica que ella «pudo haberse prevalido» ante él de su posición «de máxima proximidad» al jefe del Ejecutivo como forma de «ejercer presión eficiente» para que pusieran en marcha la cátedra y que posteriormente fuera mantenida dentro de la Complutense durante cuatro cursos académicos.

Por ello, tuvo sentido que el instructor llamase a declarar como testigos a Goyache y a sus dos vicerrectores. Unas diligencias acordadas por Peinado que para la Audiencia no solo fueron «pertinentes», sino también «necesarias».

El tribunal superior da por bueno que la cátedra habría sido «utilizada como plataforma (por Gómez)» y desde ella «se urdieron el resto de actividades sobre las que se proyecta la sospecha delictiva» que ya no solo ve el juez Peinado.

La Audiencia de Madrid no pasa por alto que los fondos privados que la financiaron procedieron de empresas «sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos».

De esta manera apoya también la presunta interconexión entre ambos extremos que tejió el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Este dinero –según la Audiencia– habría sido obtenido como contraprestación «de supuestos favores e influencias» que habría podido ofrecerles Gómez por ser quien era: la «primera dama». No eran, por tanto, «interpretaciones forzadas o artificiosas» del juez, como defendió el líder del PSOE.

Los tres magistrados que firman el auto coinciden con Peinado (y tiran por tierra el relato de la Fiscalía y de la defensa de Gómez) en que era «útil y pertinente» tomarle declaración a Pedro Sánchez.

Razón había –dicen– y no una cualquiera: «De las diligencias practicadas se deducen múltiples reuniones para la constitución de la cátedra, celebradas en el entorno institucional de la Presidencia del Gobierno, habiendo estado presente el alguna ocasión el presidente».

Incluso, la Audiencia va un paso más allá y le reprocha que no hubiese imputado directamente a Juan Carlos Barrabés y le escuchase, primero, como testigo.

Con ello, avala de plano la apertura del procedimiento que nació por «el aval personal» que Gómez, «como directora de la cátedra, dio al empresario, durante el proceso de concesión de una serie de subvenciones públicas millonarias a una de sus compañías.

Los magistrados hablan ya de que la candidatura del que también fue profesor de uno de sus másteres se impuso «a propuestas más ventajosas» en 11 contratos públicos que recibió «en un corto periodo de tiempo»: solo un año.

En el binomio Gómez-Barrabés, sobre el que puso sus ojos desde el inicio el instructor, está para la Audiencia «la clave del rápido desarrollo de la cátedra», aunque también de que él pasase de vender equipamiento para esquiar a dar nombre a un grupo empresarial de «exitosa actividad» en el sector de las nuevas tecnologías.

Este respaldo es para el juez una vacuna contra posibles querellas por prevaricación que le pudiesen interponer desde la Abogacía del Estado o la Fiscalía.

Y queda por ver qué pasa finalmente con el informe de la UCO sobre Air Europa. En teoría, no tendría que llegar a la mesa de Peinado, después que los magistrados le cerrasen de nuevo la puerta a indagar en el expediente del rescate por la SEPI, quedando solo autorizado a abrirla si aparecen nuevos datos que apunten a irregularidades. En cualquier caso, tendría que enviarlo a otro juez.