Agravio salarial

En solo seis años, un policía nacional jubilado pierde hasta 70.000 euros respecto a un mosso o un ertzaina

Los agentes lamentan que el Gobierno suba el sueldo a los diputados un 2,5%, mientras se niega a equipararles con los policías autonómicos

Momento del operativo conjunto entre Mossos y Policía Nacional
Momento del operativo conjunto entre Mossos y Policía NacionalCNP

Desde marzo de 2018, año en que se firmó el mal llamado acuerdo de equiparación salarial, un policía nacional jubilado habría perdido hasta 70.000 euros respecto a un mosso d'esquadra. ¿El motivo? mientras un agente autonómico se jubila de forma anticipada (59 años) sin pérdida alguna de poder adquisitivo, un agente de la Policía Nacional sí sufre una merma en las retribuciones que percibe en su jubilación. En cifras, un ertzaina o un mosso puede cobrar hasta 500 euros más al mes que un policía nacional o un guardia civil. Diferencia que aumenta a 900 euros mensuales tras la jubilación.

Un panorama nada halagüeño que no tiene tintes de repararse a corto o medio plazo. Sin embargo, el Ejecutivo sí tiene voluntad para subir un 2,5% el sueldo a los diputados, tal y como confirman los presupuestos del Congreso para 2024. Una subida auspiciada por el PSOE y Sumar y que, a juicio del sindicato policial Jupol, contrasta frontalmente "con la negativa reiterada del Gobierno a aplicar las medidas económicas necesarias para alcanzar la equiparación real y la jubilación digna de los policías nacionales".

En palabras de Ibón Domínguez, portavoz de esta organización, que ha hecho entrega al Gobierno de numerosos estudios sobre estas desigualdades económicas, lo único que se necesita es "voluntad política de un Gobierno que quiera cumplir realmente con la igualdad entre cuerpos policiales". La misma voluntad que muestran, asegura, para subirse el sueldo en la Cámara Baja. Y para ello, exigen que se presente "una nueva auditoría que cuantifique de manera real las diferencias salariales existentes". Hay que recordar que la anterior auditoría, encargada por el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, estuvo marcada por la polémica desde el principio.

Por otra parte, reclaman una ley que garantice que no se vuelvan a producir estas desigualdades y cierre de una vez por todas las brechas salariales que existen entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías autonómicas, más si cabe cuando el pagador es el mismo (Interior). En concreto, hacen referencia a las diferencias salariales en igualdad de puestos y que afectan a las pagas extraordinarias, las horas extra, las dietas, la asistencia a juicios y las jubilaciones. Por no hablar de diversos procedimientos normativos, con impacto presupuestario.

Hasta 12.600 euros menos al año

El hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la "jubilación anticipada" cobrando el 100% de la prestación. ¿Y quién decide qué profesiones son de riesgo? El Ministerio de Trabajo es el encargado de elaborar esta lista de la que forman parte los trabajadores ferroviarios, artistas, mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, profesionales taurinos, bomberos, así como miembros de las policías autonómicas y locales.

Por eso es tan importante que los policías nacionales y los guardias civiles sean reconocidos como profesionales de riesgo. Algo a lo que se han negado desde el Ejecutivo y que llama la atención, más si cabe cuando otros cuerpos policiales como la Ertzaintza y las Policías Locales sí forman parte de ese grupo denominado "de riesgo".

Desconcierta el hecho de que unos policías formen parte de ese grupo y otros no. Una discriminación por parte del Estado, que afecta al bolsillo de los agentes. Mientras un policía autonómico se puede jubilar a los 59 años con el 100% de su prestación por jubilación, un guardia civil tiene que esperar a los 65 para no ver mermada su pensión. Siempre existe la opción de prejubilarse, entre los 55 y 58 años, pero no cobrarían la pensión íntegra. En definitiva, los cuerpos estatales sufrirían una pérdida retributiva en torno al 30% y en el mejor de los casos terminarían percibiendo una pensión de 1.623,85 euros frente a los 2.819,16 que percibe un mosso. Así, un agente de la Benemérita o un policía nacional jubilado cobrarán hasta 12.625 euros menos al año que un policía autonómico.