Retos en Justicia: amnistía, CGPJ y mandato del fiscal general

No será esta una legislatura de aguas tranquilas para el Ministerio de Justicia. La aplicación de la ley de amnistía marcará el estreno de la nueva andadura, en la que el nuevo titular de la cartera deberá sofocar el sonoro malestar de jueces y fiscales ante las acusaciones de "lawfare" (utilización de la Justicia con fines políticos) de las que el independentismo ha hecho bandera y que el PSOE asumió en su pacto con Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Aunque desde el Partido Socialista se niega la mayor, la posibilidad de que desde el Parlamento se fiscalice la actividad jurisdiccional mediante comisiones de investigación ha provocado el rechazo unánime de todas las asociaciones judiciales y fiscales, que ven en esa maniobra la liquidación de la división de poderes y un ataque sin precedentes a la independencia judicial.

Un tira y afloja que, además, el Ejecutivo tendrá que librar ante la Justicia europea, siempre vigilante ante aquellas medidas que menoscaben la persecución de delitos de terrorismo (como se investigan en las causas de los CDR y Tsunami Democràtic) y corrupción (la malversación por el desvío de fondos públicos en el «procés»).

La aplicación de la futura ley de amnistía y los desafíos al Estado de derecho que continúen planteando los socios independentistas de Pedro Sánchez marcarán sin duda la legislatura –con el referéndum soberanista prohibido por el Tribunal Constitucional, por no tener encaje en la Carta Magna, en el horizonte–, pero no serán los únicos retos que afronte el nuevo Gobierno en materia de Justicia.

Una renovación con Europa vigilante

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace cinco años, resulta prioritaria. Pero con los puentes con el PP dinamitados, no resultaría extraño que el PSOE y sus socios vuelvan a la carga con una reforma legal que rebaje las mayorías necesarias (ahora de 3/5) para renovar la institución. Una tentación que ya tuvieron la formación socialista y Podemos, aunque terminaron claudicando ante el indisimulado recelo de la Comisión Europea ante una iniciativa al margen del principal partido de la oposición.

Precisamente es Europa la que ha subrayado en rojo las dos principales tareas vinculadas a la Justicia: las reformas legislativas que permitan, por un lado, que sean los propios jueces los que elijan a los doce vocales de procedencia judicial del CGPJ (como medio para avanzar en la despolitización del órgano de gobierno del poder judicial) y, por otro, que el mandato del fiscal general del Estado se desvincule del mandato del Gobierno de turno, con el objetivo de garantizar la necesaria apariencia de imparcialidad. Para ello, Justicia debe acometer la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, garantizando además en este último caso la independencia económica de la Fiscalía respecto al Ministerio.

El PSOE se ha mostrado reticente a poner en marcha esa reforma legal que deje en manos de los jueces la designación de más de la mitad de los miembros del CGPJ, lo que determinaría que el partido en el Gobierno no elija a la mayoría de sus integrantes tras el censurado «reparto de cromos» entre los dos grandes partidos, con la consiguiente imagen de politización entre los ciudadanos.

Casi 90 vacantes judiciales por cubrir

La renovación del CGPJ –una vez el TC avaló el recorte de competencias al Consejo al que el Gobierno impidió por ley en marzo de 2021 realizar nombramientos mientras siga en funciones– resulta además imprescindible para cubrir la catarata de vacantes judiciales acumuladas, que rozan ya las 90, más de una veintena en el Tribunal Supremo.

Además, el Ministerio que deja Pilar Llop tiene sobre la mesa un conflicto sindical sin resolver de dimensiones impredecibles: las reclamaciones de subidas salariales de los funcionarios, con huelgas incluidas, y una tregua por la convocatoria anticipada de elecciones que ahora toca a su fin. Tras ceder ante los letrados de la Administración de justicia, jueces y fiscales, al Ejecutivo le resultará ahora complicado eludir sus demandas salariales.

Asimismo, Justicia debe cumplir los acuerdos alcanzados con las asociaciones judiciales y fiscales y convocar un centenar de plazas más de las previstas para ambas carreras este año y el próximo. Un incremento que, en todo caso, el CGPJ considera insuficiente para aliviar el atasco judicial, pues ya alertó de que son necesarias 300 nuevas plazas más al año hasta 2032.

Y es que a la vista de la fractura que deja la amnistía y las cesiones de Sánchez al independentismo, el ansiado Pacto por la Justicia que debía poner de acuerdo a PSOE y PP parece ahora mismo una quimera, lo que condicionará las siempre pendientes medidas de modernización de la Justicia.

Poner coto a las «puertas giratorias»

El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, puesto al que accedió directamente desde el Gobierno de Pedro Sánchez, donde fue ministra de Justicia, reabrió el debate sobre la necesidad de poner coto a las «puertas giratorias». Desde la mayoritaria Asociación de Fiscales se reclama que se fije legalmente un plazo mínimo para reincorporarse a la carrera de los fiscales que, como la actual fiscal de Memoria Democrática, han optado por dedicarse a la política. Una medida que exigiría la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.