Sánchez vuelve a la carga en los juzgados contra la lona que le llama "corrupto"

Pedro Sánchez y el PSOE insisten a la jueza que investiga la lona que llama al presidente del Gobierno "corrupto" que esta campaña de Hazte Oír va dirigida contra él en calidad de jefe del Ejecutivo. Y no como un ciudadano cualquiera.

En un último escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, defienden que "es evidente que la lona desplegada justo al lado del Congreso no pretendía injuriar a un ciudadano particular sin más, sino al presidente del Gobierno". Prueba de ello -para ambos- es que el cartel contiene "expresiones como caso fiscal general de Pedro Sánchez y caso PSOE, no solamente casos de su entorno familiar".

El líder socialista y su formación exponen, ante la instructora, que "estas expresiones dejan patente que no se trata de llamar a una persona anónima corrupto, sino que se llama corrupto a Sánchez (...) por su condición de autoridad". Concretamente, la segunda mayor del Estado.

La intención de ambas partes es que la causa siga adelante y se siga investigando si la asociación pudo cometer un delito de injurias al presidente con la colocación de esta lona frente a un inmueble de la madrileña Carrera de San Jerónimo. La pusieron en mayo y horas después otro magistrado ordenó su retirada como medida cautelar al observar que podría sobrepasar el derecho a la libertad de expresión.

Por otro lado, contradicen a Hazte Oír en cuanto a la necesidad de la celebración de un acto de conciliación previo a la interposición de una querella, al ser lo que se investigan injurias y calumnias graves.

"Es obvio que la injuria se realizaba a mi representado y no contra un particular como se pretende y, por tanto. en ningún caso por su condición de autoridad precisa la conciliación previa a la que se alude ni tampoco la interposición de querella", advierte, en este sentido, la abogada que representa tanto a Sánchez, como perjudicado, como al Partido Socialista, que ejerce en el caso la acusación popular.

En cuanto a que se ordenase, hace casi cinco meses y por mandato judicial, la quita del cartel, Sánchez y Ferraz recuerdan que la asociación lo desplegó en "una ubicación muy particular", delante la Cámara baja, porque es el "lugar donde mi representado ejerce parte de su función pública". Lo que -bajo su óptica- ahonda en que constituyó un "entorpecimiento" de su labor parlamentaria y un "atentado contra el honor del presidente".