El Supremo da vía libre a las exhumaciones en el Valle de los Caídos

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), escollo legal que frenaba las exhumaciones de los restos de las víctimas de la Guerra Civil enterradas en el Valle de los Caídos, y podría permitir la extracción de los cadáveres, aunque el recorrido jurídico puede llegar al Tribunal Constitucional.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, y adelantada por la 'Cadena Ser', en la que los magistrados de la Sala Contencioso-Administrativo inadmiten el recurso de casación interpuesto contra la sentencia, de 20 de junio de 2022, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación a la licencia urbanística para la rehabilitación de accesos a las criptas de Cuelgamuros. No obstante, el fallo no afecta -como han publicado algunos medios- a la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que también recurrió ante el TSJM, al igual que la Asociación por la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC).

En esa resolución, el TSJM daba la razón a Patrimonio Nacional y levantaba las medidas cautelares que impedían las obras necesarias para extraer los restos de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos que reclaman 110 familias.

El fallo entendía que el alcance de la intervención objeto de la licencia no conllevaría "una transformación urbanística irreversible de las criptas".

El Alto Tribunal inadmite a trámite el recurso por incumplimiento de los requisitos exigidos por falta de fundamentación suficiente y sin que se haya justificado debidamente y con precisión la presunción incorporada al precepto para hacerla valer en sede casacional. Es decir, inadmite el recurso al entender que no se cumplen los estrictos requisitos para que el asunto sea abordado en el Supremo.

Los magistrados condenan en costas al recurrente en 1.500 euros, en favor de la parte recurrida y personada (Abogacía del Estado), que se ha opuesto a la admisión del recurso, y de 500 euros en favor de la otra recurrida y personada (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial).

Técnicos de Patrimonio Nacional llevan preparando desde diciembre la entrada a las criptas, trabajos que han llegado ya a la medición de datos de la atmósfera del interior, antes del acceso para comenzar las exhumaciones.

La obra cuenta con un presupuesto de 650.000 euros, procedentes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Fuentes de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), que también recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para evitar las exhumaciones, se oponen a este fallo y aseguran que “seguirán adelante en defensa de las 261 familias que representan”. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentó asimismo un recurso para detener las obras y tiene intención de seguir adelante.

La sentencia de instancia acordó denegar la medida interesada de suspensión de la ejecutividad del Acuerdo de 24 de junio de 2021 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Dicho acuerdo concedía a Patrimonio Nacional licencia urbanística para rehabilitación de accesos a las criptas otorgada por el consistorio de San Lorenzo del Escorial.

En noviembre de 2021, el juez de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid acordó suspender de forma cautelar la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento a Patrimonio Nacional para exhumar a víctimas enterradas en Cuelgamuros.

La suspensión se produjo al considerar que se podrían producir daños irreparables antes de que se entre en el fondo del recurso interpuesto.

El Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, había solicitado en abril de 2021 a este ayuntamiento la solicitud de licencia urbanística para poder iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas que fueron inhumadas en las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que han sido reclamadas por sus familiares.

La solicitud de suspensión se presentó alegando el "derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas".