La UCO acude por tercera vez a la Diputación de Badajoz en busca de información sobre el hermano de Sánchez

Por tercera vez, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido a la sede de la Diputación de Badajoz en busca de nueva documentación sobre las supuestas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como trabajador del ente provincial, que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital pacense, según ha podido confirmar LA RAZÓN.

Este nuevo registro en la sede de la Diputación pacense, situada en el Palacio de Felipe Checa, que está siendo practicado por agentes de esta unidad de la Benemérita ha sido ordenada por la jueza instructora, Beatriz Biedma, en el marco de la causa que se investiga al también conocido como David "Azagra" por delitos contra la Administración Pública, de fraude fiscal, malversación, prevaricación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

En el previo, que tuvo lugar el pasado 18 de julio, la UCO se incautó de correos electrónicos del investigado después de que en el anterior, el primero, no hubiera podido copiar correctamente todos los mensajes que van de 2017 a la actualidad considerados de interés para las pesquisas sobre la contratación y relación laboral con el hermano del también líder del PSOE.

El papel en el "caso David Sánchez" que pueden llegar a tener los correos electrónicos enviados o recibidos por el propio David Sánchez y otros ocho altos cargos y funcionarios de la Diputación de Badajoz está relacionado directamente con esclarecer las funciones que desarrolla como jefe de la Oficina de Artes Escénicas y si estaba autorizado para teletrabajar y no acudir presencialmente a su puesto laboral, como sigue intentando aclarar la jueza Biedma.

La instructora incoó el procedimiento el pasado mes de junio para indagar en la legalidad del trabajo del único hermano de Pedro Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de esta provincia extremeña que gestiona el organismo provincial que tiene al frente como presidente a Miguel Ángel Gallardo, el secretario general del PSOE de Extremadura.

Una investigación que afecta también y de momento al propio Gallardo y al jefe de servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, Alejandro José Cardenal. Las diligencias previas comenzaron después de que el Juzgado admitiese a trámite una querella presentada por el sindicato Manos Limpias a la que se han sumado Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos y la asociación Liberum como acusación popular.

Como ya informó este diario, en la denuncia se recoge que el músico comenzó a desempeñarse en este "régimen laboral de alta dirección" dependiente del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social en julio de 2017. Formalmente ganó como el "candidato más idóneo" a los otros diez aspirantes con los que rivalizaba por "la preparación demostrada, su currículum, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora" y su "contestación a las preguntas que se le formularon en la entrevista".

La otra pata de la investigación son las supuestas irregularidades en su situación fiscal como contribuyente en Portugal al tener este ahí su residencia fiscal desde 2022, pese a trabajar en la Diputación de Badajoz. Es, además, propietario de una casa en el municipio luso de Elvas.

Sin embargo, la Agencia Tributaria emitió un informe, después de que fuera encargado por la juez Biedma, en el que se negó la existencia de indicios de cualquier tipo de ilícito fiscal en su actuación. Si bien es cierto que, como se señalaba en dicho documento, no se han llevado a cabo "actuaciones de comprobación e investigación" concretas respecto al único hermano del presidente del Gobierno.