Piñera, dispuesto a reformar la Constitución de Pinochet para aplacar las protestas

De nuevo miles de chilenos se congregaron ayer en Plaza Italia de Santiago. Las marchas y la violencia no cesan, se incrementan. En la víspera, una multitudinaria concentración en Santiago había terminado en enfrentamientos con la Policía e intentos de saqueo; incluso un fuerte sismo de más de seis grados de magnitud coronó la tercera semana de una crisis social ante la cual el Gobierno de Sebastián Piñera parece impotente. Un proceso que se repite casi todos los días: comienza la protesta de forma pacífica y según transcurren las horas se reproducen los enfrentamientos entre un grupo de violentos ylas fuerzas del orden.

Chile se ha convertido en una «bomba de relojería». De hecho, dos carabineras fueron atacadas con cócteles molotov en la Plaza Italia y estallaron en sus caras –ya suman 20 muertos y más de 2.500 heridos–. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, definió esta acción como «un ataque al alma del país» y anunció que se ejercerán todas las acciones legales para dar con los autores.

Por su parte, el presidente, Sebastián Piñera, reiteró que no cederá a la petición de dimisión que le exigen los manifestantes. Sin embargo, dijo, está dispuesto a negociar «todo», incluida una posible reforma de la Constitución aprobada por el difunto Augusto Pinochet. A este respecto ya se ha creado una comisión que prepara un borrador que incluya mejores sociales e incluso la legalización de los matrimonios homosexuales. «Después de restaurar el orden público y poner en marcha la agenda social, no termina el debate y vendrá una segunda etapa en que estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la constitución», aseguró el jefe del Estado, aunque remarcó que estos cambios necesitarán un acuerdo en el Congreso. Además anunció una partida de 120 millones de euros para reconstruir el país.

Una encuesta de Cadem –instituto nacional de medición- divulgada el domingo reveló que un 87% de la población está a favor de que se cambie la actual carta magna. Mientras Piñera paga con una caída estrepitosa de popularidad sus errores y tropiezos en la gestión de la crisis desde el primer viernes de protestas violentas, pese a la remodelación de su Gobierno.

En paralelo, la misión enviada por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, lleva unos días en Chile y ha mantenido en reserva sus actividades, destinadas a investigar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos supuestamente ocurridas.

La crisis empezó con una protesta estudiantil el 18 de octbure contra el aumento de la tarifa del metro de Santiago, pero destapó un profundo descontento de las clases trabajadoras y medias, que ven sus expectativas incumplidas en un sistema que promueve el endeudamiento para salir adelante. Tras el estallido en Plaza Italia, el fenómeno se propagó a los barrios periféricos de la ciudad en las primeras horas de aquel viernes, y de ahí, de norte al sur del país.

La violencia desatada llevó a Piñera a decretar estados de emergencia en casi todo Chile, con los militares en las calles al cargo del orden público, y de toques de queda nocturnos para evitar más enfrentamientos. Hasta ahora se trata de un movimiento heterogéneo, sin banderas políticas ni liderazgo identificable.