Filipinas anuncia el fin del pacto de defensa con EE UU: “Es hora de confiar en nosotros”

El Gobierno de Filipinas ha comunicado oficialmente este martes al Ejecutivo de Estados Unidos el fin del acuerdo de Defensa firmado en 1999, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas, Teodoro Locsin. “Es hora de confiar en nosotros mismos, fortaleceremos nuestra propia defensa y no confiaremos en ningún otro país”, afirmó el portavoz del presidente Rodrigo Duterte, Salvador Panelo.

Filipinas representa una pieza clave en el tablero oriental para Estados Unidos, de hecho es elaliado más antiguo de Washington en la región asiática. El acuerdo anulado este martes proporcionaba la cobertura legal para que las tropas estadounidenses entren en Filipinas para maniobras conjuntas, aunque se mantienen otros tratados en materia de seguridad de mayor calado, como el Acuerdo de Defensa Mutua que data de 1951, informa Efe.

A pesar de la postura crítica de Duterte con respecto a EEUU, los lazos en materia de defensa entre los dos países se han mantenido sólidos y las maniobras militares conjuntas se han incrementado en los últimos años, así como la cooperación en materia de contraterrorismo.

De hecho, tanto los ministros de Defensa y Exteriores, como altos rangos militares de Filipinas, han advertido del riesgo de suspender la cooperación en materia de seguridad con EEUU, su mayor y más antiguo aliado militar.

Duterte ha venido avisando a Estados Unidos de su intención de retirar la autorización para que soldados americanos sigan en el país. Esta medida del presidente filipino es una reacción a la retirada de ayuda económica de Washington. No necesitamos su dinero, explicó en el pasado Duterte, quien anunció su deseo de acercarse a Rusia y China para tenerlos como socios preferentes en el plano militar.

El jefe de la diplomacia de Filipinas ha dicho que la comunicación del fin del Acuerdo de Fuerzas Visitantes (VFA) ha sido remitida a la Embajada de Estados Unidos en Manila. Este acuerdo de cobertura legal a la entrada de tropas estadounidenses en Filipinas para la realización de ejercicios de entrenamiento conjuntos con las Fuerzas Armadas filipinas.

El pacto contempla su finalización mediante un aviso por escrito enviado por cualquiera de las dos partes firmantes, que entrará en vigor en 180 días. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Locsin ha dicho que la Embajada de Estados Unidos ha recibido la comunicación de la finalización del pacto de Defensa. “Como cortesía diplomática no habrá más anuncios tras este hecho evidente”, ha añadido el ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas.

La Embajada de Estados Unidos en Filipinas todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre la finalización del pacto de Defensa. La semana pasada, Locsin advirtió de que el final del VFA afectaría a más de 300 ejercicios de entrenamiento conjunto que ayudan a reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad de Filipinas.

Además, señaló que el final de este acuerdo podría tener “un efecto escalofriante en las relaciones económicas” con Estados Unidos. Estados Unidos aportó más de 500 millones de dólares en asistencia en materia de seguridad a Filipinas entre 2016 y 2019. Además, las tropas estadounidenses han dado información de Inteligencia a Filipinas para abordar temas de tráfico de personas, ciberataques, tráfico de drogas y terrorismo.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó por primera vez con poner fin al acuerdo de Defensa con Estados Unidos cuando el Gobierno estadounidense canceló los visados de turista del senador Ronald Dela Rosa, ex jefe de la Policía. Dela Rosa fue el primer jefe de la Policía que lideró la campaña de guerra contra la droga que ha supuesto la muerte de más de 5.000 personas sospechosas de consumo o tráfico de estupefacientes.

Dela Rosa, la clave

Dela Rosa ha sido acusado por varias organizaciones de perpetrar violaciones de derechos humanos por los abusos de esa campaña cuando dirigía la Policía Nacional, designado por Duterte. El Senado de EEUU aprobó el 9 de enero una resolución en la que pide sanciones para los funcionarios filipinos implicados en violaciones de derechos humanos como la detención “arbitraria” de la senadora Leila de Lima -una de las mayores críticas de Duterte, a punto de cumplir tres años en prisión sin juicio-, o los abusos en la guerra contra las drogas.