Carnicería del Estado Islámico en un hospital infantil de MSF en Kabul con al menos 14 muertos

El Estado Islámico no respeta ni el mes sagrado del Ramadán. Al menos 14 personas murieron -entre ellos tres mujeres y dos recién nacidos- y otras 15 resultaron heridas en un ataque cobarde y cruento del grupo yihadista contra un centro de maternidad, gestionado por Médicos Sin Fronteras (MSF) en el barrio kabulí Dasht-e-Barchi, de mayoría hazara, (de la rama chií del islam).

Las dos primeras explosiones se registraron sobre las 10:00 hora local, lo que provocó el “pánico total” entre el personal sanitario del hospital infantil, relató un pediatra que logró huir saltando al edificio aledaño a la televión Tolonews. El testigo indicó que en momento del ataque “el hospital estaba a repleto de pacientes y de médicos”.

El canal mostró imágenes de efectivos de la Policía evacuando a más de 80 madres y bebés. Después, un comando al estilo fedallin con armas automáticas y cinturones de explosivos, varios de ellos vestidos con uniforme militar, irrumpió en la casa de huéspedes para extranjeros de la ONG MSF y se enfrentó a tiros con las Fuerzas de Seguridad. Tras el asalto, que duró varias horas, aún se pudo observar las columnas de humo negro que salían desde el hospital infantil.

Una portavoz de presa de MSF confirmó el ataque en la cuenta oficial de Twitter: “Confirmamos que el ataque ha terminado aunque muchos detalles siguen sin estar claros. De momento, todos nuestros esfuerzos se centran en asegurar la seguridad de nuestros pacientes y personal”.

El portavoz del Ministerio de Interior, Tareq Arian, calificó el ataque de “crimen contra la humanidad y de guerra”. En la misma línea, Human Rights Watch (HRW) recordó que los ataques deliberados a instalaciones médicas en Afganistán han aumentado considerablemente desde 2017. El derecho internacional humanitario, o las leyes de la guerra, aplicables al conflicto armado en Afganistán, protegen a los pacientes, incluidos los soldados heridos, y a todo el personal médico de los ataques, por lo que estos ataques se consideran “crímenes de guerra”, según HRW.

Si bien ningún grupo se atribuyó el ataque, Dasht-e-Barchi ha sido atacado en el pasado por el grupo yihadista suní al tratarse de un barrio de mayoría chií. Aparentemente el ataque fue en venganza por la detención la detención de varios altos mandos del EI, entre ellos el jefe para el subcontinente Indio, Abu Omar al Jorasani. Cuando parecía que la cúpula del EI estaba descabezada con la detención a principios de abril de Abdullah Orakzai, conocido como Aslam Farooqi así como el del jefe militar de la organización terrorista, Qari Zahid, llamado también Maaz, y el lunes con la de Al Jorasani, el grupo ha dado una lección de fuerza con una serie de sangrientos ataques no solo en la capital afgana sino en otras partes del país.

Un atacante suicida en la provincia oriental de Nangarhar, feudo del grupo yihadista mató a 24 personas e hirió a 68 durante un funeral Shaikh Akram, el jefe de una milicia, que fue atendido por docenas de personas, incluidos políticos, miembros del consejo provincial de Nangarhar.

Además, en la provincia oriental de Khost, una bomba colocada en un puesto ambulante en un mercado mató a un niño e hirió a 10 personas.

La violencia podría socavar aún más un proceso de paz alcanzado en un acuerdo firmado entre Estados Unidos y los talibanes en febrero en Doha, que prevé el inicio de conversaciones entre figuras afganas claves, incluidas representantes del gobierno y los talibanes. La hoja de ruta para la paz a Afganistán tras dos décadas de guerra prevé una retirada total de las tropas a cambio de un alto el fuego una reducción de la violencia. Sin embargo, un repunte de la violencia era previsible, incluso inevitable, ya que no están todos las facciones políticas ni grupos armados como Lashkar-e-Taiba y la Red Haqqani, que operan en Afganistán, incluidos en el acuerdo entre el Talibán y EE UU.

Recientemente, el Ministerio del Interior afgano afirmó que más de 1.000 civiles fueron asesinados y heridos en ataques insurgentes en poco más de dos meses.

Según el portavoz de Interior, Tariq Aryan, en los últimos 70 días los talibanes han asesinado a 387 civiles, han herido a 590 y secuestraron a otros 200.

Los ataques casi diarios también han dejado a las autoridades mal preparadas para enfrentar al coronavirus, que ha infectado a más de 4.900 personas en el país y dejado al menos 127 fallecidos. Entre los infectados figura el ministro de Sanidad, Ferozuddin Feroz.

El aumento de la violencia de los últimos días dificulta la lucha de las autoridades afganas por frenar la propagación del virus. De hecho, el enviado de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, y uno de los artífices del acuerdo de paz en Afganistán, escribió recientemente en un tuit: “La demora (de las negociaciones interafganas) significa más pérdidas civiles de afganos que luchan entre sí cuando la guerra real debería ser para los afganos unidos contra la Covid-19”.

El primer acercamiento entre el presidente afgano, Ashraf Ghani, reconocido por la comunidad internacional, y la cúpula talibán ha sido la liberación de 900 presos insurgentes como muestra de buena voluntad del Gobierno, mientras los talibanes han puesto en libertad a 132 miembros de las fuerzas de seguridad retenidos, pero las conversaciones directas aún no han comenzado.