Reino Unido suspende el acuerdo de extradición con Hong Kong por el control chino

La tensión entre Londres y Pekín continúa en aumento tras la polémica Ley de Seguridad Nacional impuesta por el Gobierno chino sobre Hong Kong. Si hace unas semanas Johnson prometió favorecer la llegada de millones de hongkoneses, este lunes ha decidido suspender el tratado de extradición que mantenía con la excolonia británica desde hace más de 30 años.

“La ley de seguridad nacional es una clara y seria violación del acuerdo Reino Unido-China para Hong Kong, por lo cual China está violando sus obligaciones internacionales”, aseguró el ministro de Exteriores británico Dominic Raab ante el Parlamento. El acuerdo entre Reino Unido y China en 1997 supuso el traspaso de Hong Kong, hasta entonces colonia británica, a manos chinas, aunque manteniendo una importante autonomía.

Pero la última Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong, aprobada desde Pekín, no ha gustado nada al Gobierno británico, que teme que los que fueran sus ciudadanos acaben perdiendo las libertades de las que ahora gozan. Por eso, Raab explicó que, tras consultar con otros ministros, han acordado “suspender el tratado de extradición con Hong Kong de manera inmediata e indefinida”.

Antes de conocerse la medida aprobada por el Gobierno de Johnson, el ministro de Exteriores chino advirtió que este movimiento es un error y aconseja a Londres “no seguir tomando pasos en la dirección equivocada”.

El tratado de extradición que mantenía hasta ahora Reino Unido con Hong Kong, similar al que mantiene la región autónoma con otros 19 países, significa que si alguien que reside en Hong Kong es acusado de cometer un crimen en Reino Unido, podrá ser trasladado al país europeo para enfrentarse a la justicia, o viceversa.

El motivo esgrimido por Londres para suspender este tratado, algo que también hicieron Canadá y Australia previamente, es que con la nueva Ley de Seguridad Nacional, alguien extraditado hacia Hong Kong podría acabar siendo trasladado a China.

La nueva legislación impuesta desde Pekín amenaza con poner en serio riesgo las libertades económicas y políticas con las que cuenta hasta ahora la región autónoma. Cuando en 1997 Reino Unido traspasó a China este territorio, se hizo bajo el lema “un país, dos sistemas”, que otorgaba a Hong Kong un importante grado de autonomía, aunque formando parte de China.

Desde esta fecha, en numerosas ocasiones los ciudadanos hongkoneses han pedido un régimen de gobierno más democrático para la región. Un llamamiento que se ha incrementado durante los últimos años, con revueltas como la famosa “revolución de los paraguas” en 2014, promovida por los jóvenes universitarios, que acabó con algunos de sus líderes en prisión durante unos meses.

Uno de ellos, Nathan Law, que fuera elegido diputado más joven de la historia del Parlamento de Hong Kong, decidió huir a principios de este mes a Londres tras conocerse la aprobación de la nueva ley de seguridad nacional.

Esta nueva legislación impuesta por el Gobierno chino, surge con el objetivo de detener estas protestas y “restablecer el control” sobre la región. Entre las nuevas medidas, aquellos hongkoneses que, según Pekín, promuevan el “odio” hacia el Gobierno chino o las autoridades de Hong Kong podrían enfrentarse a penas de presión, contemplándose incluso la cadena perpetua.

Otras medidas incluidas son, por ejemplo, la creación de una Oficina para salvaguardar la Seguridad Nacional, que tendrá total impunidad para trabajar en Hong Kong y solo responderá ante las autoridades chinas. La función de esta oficina será investigar casos de seguridad nacional considerados “complejos”, “serios” o difíciles”. Un lenguaje muy vago que podría llegar a incluir todo tipo de asuntos.

Además, la nueva legislación permite que los juicios se celebren en secreto, sin un jurado y el juez puede ser elegido por el director ejecutivo de Hong Kong, que responde directamente a Pekín.

Además de la suspensión inmediata del tratado de extradición, Dominic Raab también ha anunciado que se amplía a Hong Kong el embargo de armas existente hasta ahora sobre China desde la masacre de Tiananmen en 1989. En esta prohibición está incluida la venta de equipamiento antidisturbios, como los grilletes y las granadas de humo.

El anuncio emitido este lunes por Dominic Raab llega después de que el ministro de Exteriores lanzara hace unos días otra acusación contra el Gobierno de Pekín por cometer “abusos graves y atroces contra los derechos humanos”, debido a su trato hacia la etnia uigur, de mayoría musulmana.

“Está claro que se están produciendo abusos contra los derechos humanos. Estamos trabajando con nuestros socios internacionales en esto. Es muy, muy preocupante”, señaló Dominic Raab. Algunos informes acusan a China de crear campos de concentración para los uigures e incluso de provocar esterilizaciones forzadas. “Esto recuerda a algo que no hemos visto en mucho, mucho tiempo”, dijo el ministro británico.

Unas acusaciones que el embajador chino en Reino Unido no tardó en rechazar, calificando los campos de concentración como “falsos”.

Más allá de la polémica suscitada por la nueva Ley de Seguridad Nacional, la tensión entre China y Reino Unido se ha ido incrementado durante los últimos meses por diversos motivos, entre los que destaca la postura de Londres hacia la tecnología 5G de Huawei.

El Gobierno de Boris Johnson decidió la semana pasada unirse a Estados Unidos en su prohibición de utilizar el equipamiento del gigante chino de telecomunicaciones ya que, según Washington, esta empresa supone una amenaza para la seguridad nacional.

Los proveedores de telefonía móvil de Reino Unido tendrán prohibido adquirir nuevos equipos Huawei 5G desde el próximo 31 de diciembre, y se verán obligados a retirar de sus redes todos los equipos 5G de la firma china antes de 2027.