Los republicanos aceleran el nombramiento de la juez Barrett ante las elecciones del 3-N

La gran batalla por el Tribunal Supremo arrancó este lunes en el Senado de EE UU. Delante del Comité Judicial encargado de estudiar y votar la nominación de la juez Amey Coney Barrett. La magistrada, en la ponencia más importante de su carrera, dijo que «los tribunales tienen la responsabilidad vital de hacer cumplir el Estado de derecho, que es fundamental para una sociedad libre. Pero los tribunales no están diseñados para resolver todos los problemas o corregir todos los errores de nuestra vida pública». Su advertencia también iba contra quien espera que los jueces legislen. «El público no debe esperar que los tribunales lo hagan, y los tribunales no deben intentarlo». Prometió interpretar las leyes y la Constitución«como están escritas».

Antes los senadores de los dos partidos dieron sus discursos inaugurales y explicaron las razones para posicionarse en contra y a favor de Barret, una magistrada de credenciales impecables pero también acusada de estar demasiado escorada ideológicamente en algunas de las cuestiones fundamentales de estos años.

Para los republicanos resulta evidente que Barrett es una juez de primerísima categoría y nunca antepondrá sus convicciones a la recta interpretación de la ley y la Constitución; los demócratas, en cambio, consideran obvio que se trata de una juez elegida por méritos ajenos a su profesión. Aupada por una Casa Blanca y una mayoría en el Senado que no respeta ni aspira a los consensos que garantizan el pacto social tras la vacante dejada por el fallecimiento de la icónica juez Ruth Bader Ginsburg.

Los republicanos responden acusando a sus colegas de discriminar a Barret por mor de sus convicciones religiosas. O como dijo el senador republicano por Misuri, Josh Hawley, «Cuando le dices a alguien que es demasiado católico para estar en el tribunal, cuando le dices que será un juez católico, y no un juez estadounidense, eso es intolerancia».

Los demócratas responden que entre los asuntos que consideran amenazados por las ideas y escritos de Barrett, más allá de sus creencias, figura el DACA, que protege de la expatriación a los menores sin papeles criados en EE UU, el Obamacare, que garantiza que las aseguradoras no puedan rechazar a un posible cliente amparándose en sus enfermedades y dolencias, la supervivencia de la sentencia del Supremo de Roe vs. Wade,de 1973, que declaró constitucional el aborto, la investigación con células madre o el matrimonio homosexual.

Batalla judicial tras el 3-N

Otros asuntos, algunos más circunstanciales, como el relativo a las declaraciones de impuestos del presidente, y otros de gran calado, como todo lo referido al dinero de las grandes corporaciones que llega a las campañas electorales, también entran dentro del conjunto de asuntos a tratar por el Supremo. Aunque nada más explosivo, y potencialmente cercano, que las posibles demandas ante el alto tribunal tras los comicios presidenciales y la previsible avalancha de recursos motivados por el voto por correo. Los demócratas han pedido formalmente a Barrett que declare su disposición de recusarse en todos los casos electorales. Los republicanos la animan a que no lo haga. Antes al contrario, consideran indispensable que tome partido.

Para el senador por Connecticut, Richard Blumenthal, «Su participación en cualquier caso que involucre la elección de Donald Trump haría inmediatamente un daño explosivo y duradero a la legitimidad del tribunal y a su propia credibilidad». «Debe recusarse», exigió. «El presidente Trump y los senadores republicanos están erosionando, de hecho destruyendo, esa legitimidad. Han despojado al pueblo estadounidense de su voz en este proceso», añadió, convencido de que quieren legislar desde el Supremo lo que no han logrado cambiar en el Congreso. Que por cierto es la misma acusación que muchos juristas hicieron contra el Supremo cuando recientemente interpretó que las leyes contra la discriminación racial también amparan a los homosexuales.

Los republicanos, capitaneados por Lindsey Graham, responden celebrando el currículum de Barrett. Hace cuatro años Graham se negó a apoyar a la candidata al Supremo que presentó el entonces presidente, Barack Obama. Faltaban meses para las elecciones a la Casa Blanca y consideraba que semejante decisión habría que tomarla después de que los ciudadanos expresaran su voluntad. Sostiene en 2016 la Casa Blanca estaba en manos de un partido y el Senado del otro. En 2020, con los republicanos a los mandos de los dos poderes, aunque en minoría en el Congreso, no cree necesario esperar a las elecciones del 3 de noviembre.

Cadena de contagios de covid

Todo esto mientras la cámara, al menos de momento, parece haber logrado sortear los problemas logísticos derivados de los recientes diagnósticos por coronavirus. Caso de senadores tan destacados como Mike Lee y Thomp Tillis, de Utah y Carolina del Norte respectivamente. Los dos forman parte del Comité Judicial encargado de estudiar y votar la nominación. Y no son los únicos afectados. Colegas como Ron Johnson, republicano por Wisconsin, también dieron positivo. Aunque en su caso no es parte del Comité si tomará parte de una hipotética votación final del Senado.

Si tres o más senadores no pueden asistir a la sesión final el Senado no podrá confirmar a Barret antes de las elecciones. En su momento el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, ya prometió que las audiencias seguirían su curso. Sin importar el parte de bajas ni los contratiempos clínicos. Aunque los republicanos del Senado ya confirmaron que habían cancelado todos los trabajos legislativos hasta el 19 de octubre.

Para los republicanos la posibilidad de que algún senador no puede acudir resulta doblemente preocupante dada la posibilidad de que algunos de sus propios senadores votaran en contra. Sobre todo si la votación quedaba suspendida hasta después de las elecciones del 3 de noviembre.

Trump tuiteó contra los procedimientos en el Senado. «Los republicanos están dando a los demócratas una gran cantidad de tiempo, que no es obligatorio, para que hagan sus declaraciones egoístas». El senador Graham le respondió que la oposición, incluso aunque esté en minoría, tiene derecho a exponer sus objeciones y debe de interrogar y cuestionar al candidato.