La jueza Amy Barrett se convierte en la última victoria de Trump a una semana de las elecciones

A una semana de las elecciones presidenciales, Donald Trump saboreaba por anticipado una de las grandes victorias políticas de su fulgurante y rupturista carrera. Puede que la elección como juez del Tribunal Supremo de la magistrada proveniente del 7 Circuito federal, Amy Coney Barrett, no le sirva para ganar las próximas elecciones. Es muy posible que la votación, prevista en el Senado, donde los republicanos cuentan con una mayoría suficiente, esté lejos de alterar las encuestas.

Los sondeos, en efecto, cada vez le son más desfavorables. Ni siquiera en estados disputados, en los lugares que concentran más indecisos, donde el voto electoral puede decidirse por unos miles de papeletas, no avanzan en su favor. Como sí lo hicieron hace 4 años, cuando recortó toda la ventaja de Hillary Clinton en un arrollador sprint de 15 días que estremecieron al mundo.

Pero eso no quita para que la elección de Barrett, estratégicamente orquestada por el todopoderoso líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, representa un triunfo colosal. Porque el Supremo de EE UU es la gran piedra de toque de todas las normas ejecutivas y todas leyes del legislativo. Sus jueces tienen la última palabra en asuntos de gran calado social, político y económico. Y su visión del mundo, y su forma de encarar e interpretar la ley, resulta doblemente decisiva al entender que una vez nominados por el presidente y votados por el Senado ejercerán en su cargo de forma vitalicia. Solo pueden ser retirados en caso de salir adelante un «impeachment», y/o si deciden jubilarse.

Barrett es, además la tercera juez designada por Donald Trump. Su antecesora en el cargo, la juez Ruth Bader Ginsburg, gran mito de los liberales estadounidenses, renunció a apearse cuando todo apuntaba a que podía quedar fuera de juego antes de que el pueblo estadounidense renovara el sentido de las cámaras legislativas y la Casa Blanca. Ginsburg falleció hace apenas un mes, y Trump tuvo el camino expedito para sacar adelante el nombramiento de su tercer juez, después de las resonantes victorias cosechadas con los magistrados Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.

Para entender hasta qué punto Trump dejará un legado colosal, incluso si no renueva un segundo mandato, basta con recordar que Bill Clinton nominó a Stephen Breyer, que a Elena Kagan la nominó Barack Obama, y que Clarence Thomas y Samuel Alito fueron propuestos por George W. Bush. Trump rematará su primeros cuatro años con tres jueces, cuya influencia no puede ni debe subestimarse. Los magistrados del Supremo interpretan y deciden sobre las posibles apelaciones de todos los otros tribunales federales y estatales, y al mismo tiempo pueden revisar las decisiones de otros jueces.

Todo ello tiene una importancia crucial, tal y como ha podido comprobar cualquiera que haya seguido la política estadounidense estos meses, de la peripecia de las declaraciones de impuestos de Trump al veto de entrada a los ciudadanos de determinados países. Por si fuera poco, el Tribunal Supremo puede paralizar o incluso derogar una orden ejecutiva emanada de la Casa Blanca. Esto incluye, por ejemplo, todas las discusiones sobre la Segunda Enmienda y el siempre enconado debate sobre el derecho a portar y tener armas. O lo relacionado con el el aborto. O las grandes y decisivas preguntas relativas al dinero que las grandes corporaciones invierten en las campañas electorales.

Por supuesto, la pena capital, que Trump ha restituido a nivel federal después de medio siglo sin ejecuciones de este tipo. O el futuro del “Obamacare”. Previa demanda, siempre relacionada con aspectos relacionados con alguna ley federal, una sentencia o una orden ejecutiva, los jueces opinarán en muchos de los asuntos que mueven la agenda estadounidense. Y por mucho que la prensa socialdemócrata y liberal tache la presidencia de Trump de radical fracaso, nada desmiente mejor la inexactitud de ese juicio, por falto de matices, que lo sucedido en el Supremo.

Otra cosa, claro está, es presuponer que Barrett, por el hecho de haber sido nominada por un presidente republicano y elegida con los votos de un Senado conservador, decida en atención a criterios que vayan más allá de la leal interpretación de la ley. Barrett es una mujer de convicciones conservadoras. Varios análisis de sus sentencias, básicamente cómo ha decidido en numerosos asuntos desde que ocupaba plaza como juez federal, demuestran que suele alinearse con esas tesis en cuestiones de derechos civiles y mucho menos en casos de discriminación laboral.

Al mismo tiempo, del análisis de sus votos y de la composición de los tribunales también parece desprenderse su buen talante deliberativo y su disposición a transigir y/o aceptar los argumentos de sus colegas más liberales. De hecho, cuando ha sentenciado junto a dos jueces más progresistas, acostumbra a tomar en consideración sus argumentos, bien porque prefiere buscar consensos bien porque parece abierta a sopesar razones alejadas de sus principios.

De lo que nadie duda es de que la suya ha sido una carrera brillante y de que se trata de una magistrada muy bien considerada en la profesión.