La historia de la heroica Asamblea Nacional venezolana (continuará)

A finales de 2015, la oposición democrática venezolana consiguió la hazaña de ganar las elecciones parlamentarias y conseguir la mayoría calificada de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Lo hizo en perfecta unidad con una sola tarjeta electoral representativa de esa pluralidad que va mucho más allá de los partidos políticos. Pero también lo hizo bajo una sola promesa, cambiar el gobierno ilegítimo y tiránico de Nicolás Maduro con el fin de restituir la democracia y la vigencia de la constitución. Y eso exactamente fue lo que intentó.

Lo primero que hizo el régimen tiránico fue convocar la saliente Asamblea Nacional fuera del período reglamentario para, de forma ilegal y contraviniendo la constitución, nombrar nuevos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia miembros activos del partido de gobierno, cuya misión era burlar la voluntad popular y anular el nuevo parlamento. Inmediatamente impidieron la proclamación de algunos diputados electos con el propósito de impedir que la oposición ejerciera la mayoría calificada de las dos terceras partes. El nuevo TSJ secuestrado cumplió esta tarea ejecutivamente con una medida cautelar preventiva alegando fraude electoral sin siquiera hacer un juicio ni probar nada. Cinco años después, la medida cautelar sigue impidiendo que territorios de Venezuela tengan representación en el parlamento sin que haya habido ningún pronunciamiento sobre el fondo de la causa ni repetición de la elección.

Ante este atropello maquiavélicamente diseñado, los diputados en cuestión legítimamente electos se incorporaron a la Asamblea Nacional, tomando juramento para ejercer la representación popular que les fue dada. A lo que el TSJ ilegítimo respondió sentenciado que toda la Asamblea Nacional estaba en desacato y por tanto ningunos de sus actos eran válidos. Se trató de un cierre del parlamento vía sentencia perpetrados por los mismos Magistrados escogidos ilegalmente para ese fin por la Asamblea saliente. Un Golpe de Estado judicial, a toda regla. Pero los diputados de la Unidad Democrática siguieron ejerciendo sus labores apegados a la constitución convirtiéndose en un parlamento en resistencia contra un régimen ya abiertamente totalitario, tiránico y criminal. Lo qué pasó después es historia: Represión brutal en las calles, asesinatos políticos, asaltos a la sede del parlamento, atentandos contra la vida de los diputados, persecución judicial, violacion a la inmunidad parlamentaria, secuestro, prisión y exilio. Hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad y que ya fueron recogidos y verificados por las Naciones Unidas, además de ser objeto de una investigación en la Corte Penal Intermacional.

Pero la valiente Asamblea Nacional no solo resistió los embates de la tiranía madurista, sino que también avanzó con paso firme en su propósito y deber constitucional de restituir la vigencia del Estado de Derecho y la democracia. En 2018 desconoció la elección presidencial por fraudulenta y en 2019 llenó el vacío de poder juramentando como Presidente encargado al presidente del parlamento Juan Guaidó, en cumplimiento de los artículos 233 y 333 de la Carta Magna. Para entonces ya el régimen había impedido y criminalizado el referéndum constitucional revocatorio, ilegalizado partidos de oposición, inhabilitado dirigentes, conformado una asamblea constituyente con poderes supra constitucionales ilimitados que había ya destituido gobernadores, promovido un éxodo masivo de cinco millones de venezolanos, creado un grupo de exterminio llamado Faes y perfeccionado un sistema de control social y dependencia en el que el salario promedio correpondía a un dólar mensual y la comida era entregada arbitrariamente por el partido de gobierno. Ya no era un problema de condiciones electorales, sino de un aparato criminal y perverso que debía ser desmontado para tener elecciones libres de cualquier tipo en Venezuela.

La inmensa mayoría del hemisferio occidental y del mundo libre ha apoyado desde entonces esta posición de desconocimiento a la elección presidencial de 2018 y de reconocimiento a la Asamblea Nacional como único poder legítimo y al Gobierno Interino derivado de ella de forma constitucional. Además de condenar sin ambajes los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Maduro, de los que ya nadie duda. Ya se trata de liberar a Venezuela y de devolverle al pueblo su derecho de elegir libremente su futuro, en el marco de un sistema de garantías con respeto a los derechos fundamentales y humanos de todos los ciudadanos. Ahora, ante la convocatoria por parte del régimen criminal de un nuevo fraude electoral para asaltar el parlamento, como lo ha hecho tantas otras veces de diferentes formas, no queda más remedio que desconocer la elección y asumir la continuidad constitucional del actual parlamento, el cual solo podrá ser sustituido mediante elecciones libres y reconocidas. De esta forma, el presidente encargado seguirá siendo el presidente de este parlamento y el Gobierno Interino mantendrá su legitimidad con el fin de lograr la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, única solución viable y constitucional a la crisis venezolana.

Dos parlamentos, dos presidentes

El año que viene habrá dos parlamentos en Venezuela, uno electo por el dictador Maduro y otro electo por el pueblo libremente. Igualmente habrán dos presidentes, uno ilegítimo y responsable de crímenes de lesa humanidad, y otro constitucional y democrático. La inmensa mayoría del pueblo venezolano y buena parte de la comunidad internacional están claros a quienes reconocen, en nombre de la libertad, la democracia y la constitución, y en rechazo a la opresión y totalitarismo de un régimen criminal. O se escoge a uno, o se escoge al otro, ese es dilema y cada quien debe asumir su responsabilidad. Pero pase lo que pase, no queda duda que esta heroica Asamblea Nacional, la actual y legítima, seguirá escribiendo la historia de esta transición democrática hasta lograr su objetivo irrenunciable de convocar elecciones libres en Venezuela y restituir el Estado de Derecho.