Una semana exacta después del violento ataque al Capitolio, que hizo tambalear en apenas unas horas los cimientos de la democracia estadounidense en la emblemática sede legislativa del país, el Congreso iniciaba un histórico proceso para forzar la salida de Trump antes de hora. El comité de reglas de la Cámara de Representantes iniciaba el martes el debate del proyecto de ley que permite expulsar a Donald Trump de la presidencia días antes de que finalice su mandato.

La Cámara Baja ponía en marcha el proceso político que convertirá a Trump en el único presidente de EE UU en haber sido sometido a un «impeachment» en dos ocasiones. Trump hablaba a los medios por primera vez desde el ataque del Capitolio y tras haber sido silenciado por Twitter, que bloqueó permanentemente su cuenta en la red social en una decisión insólita y sin precedentes. Antes de abordar el Air Force One camino a Texas, donde tenía previsto visitar el muro fronterizo con México, Trump aprovechaba su primera aparición pública para valorar los recientes acontecimientos y defender su posición.

Una semana después del mayor ataque a la democracia que ha vivido el Capitolio en más de dos siglos de existencia, Trump criticó el nuevo «impeachment» al que se verá sometido esta semana valorándolo como «la continuación de la mayor caza de brujas de la historia política». El todavía presidente eludió, una vez más, toda responsabilidad de los graves altercados del 6 de enero en el Congreso, asegurando que su incendiario discurso en la marcha «Salvar a América», organizada con antelación para coincidir con el nombramiento oficial de Joe Biden, fue «totalmente apropiado» por su parte, según el mandatario.

Fiel a su estilo y tal y como ha demostrado con anterioridad, la mejor defensa para Trump es un buen ataque. Lejos de disculparse, el magnate aprovechó la presencia de periodistas para culpar a «muchas personas» que dijeron cosas peores «en Portland y Seattle. Eso fue un problema real, lo que ellos dijeron», añadiendo que los mecanismos legales puestos en marcha por el Congreso contra él, como la Enmienda 25 y el juicio político, «está dañando mucho a nuestro país y causando un tremendo peligro y enfado».

Y es que la gran mayoría de los miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, urgían al vicepresidente Mike Pence, durante sus intervenciones en el debate virtual, a «hacer lo correcto» y aplicar la Enmienda 25 de la Constitución.

Pence es el único que puede poner en marcha el proceso de destitución del presidente, la opción preferida por el Partido Republicano. Los demócratas, sin embargo, aspiran a someter a Trump, por segunda vez, a un juicio político por incitar a la violencia en el ataque que causó la muerte de cinco personas en el Capitolio. Así, los liberales pretenden evitar que Trump pueda volver a optar al cargo en un futuro porque, consideran, «es un peligro para la democracia».

Otra de las grandes preocupaciones en Washington gira ahora entorno a la seguridad en la ceremonia de investidura de Biden y Harris el próximo 20 de enero. La alerta emitida por el FBI ha puesto de manifiesto el riesgo a nuevas protestas de individuos y grupos radicales de violencia, potencialmente armados y organizados, que podrían tomar las calles de la capital en protestas masivas la última semana de mandato de Trump.

La alerta de los servicios secretos se extendía, además, a los 50 Estados del país, especialmente en los alrededores de los capitolios de todas las ciudades, dando comienzo este mismo fin de semana. El líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, hacía un llamamiento a las autoridades para evitar que las personas que estuvieron dentro del Capitolio durante el ataque del 6 de enero vuelen a Washington desde otros Estados para participar en la ceremonia de Inauguración.

Asimismo, Schumer solicitaba a los agentes que hagan todo lo posible para prevenir nuevos altercados a manos de insurgentes. El FBI y el Pentágono alertan también de nuevos protestas en Washington enmarcadas en la investidura de Biden que podrían poner a prueba un amplio despliegue de seguridad puesto en marcha. Más de 10.000 agentes de la Guardia Nacional, procedentes de más de una decena de Estados del país, así como otros cuerpos de seguridad locales, estatales y federales, velarán por mantener la ley orden y el orden en la capital estadounidense.

Trump declaró, la «emergencia nacional» en Washington tras las peticiones de las autoridades locales, que permite al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias intervenir en caso de ser necesario ayudando a las fuerzas de seguridad.

El presidente saliente ha intentado, desde las presidenciales de noviembre, revertir el resultado electoral y permanecer en el poder persuadiendo incluso a diversos funcionarios para que cometieran fraude a su favor. Tras incitar a sus acérrimos seguidores a una invasión violenta en el Capitolio de Washington, Trump culminó la jornada elogiado a los asaltantes y no condenando los actos violentos hasta dos días después.

Durante sus cuatro años de mandato, ha tratado de socavar la confianza de la población en las instituciones estadounidenses y autoridades competentes, como el FBI o la CIA, así como en militares, Departamento de Justicia, el Congreso e incluso altos funcionarios del Gobierno y científicos, en plenos tiempos de pandemia.