Johnson tensa la cumbre del G-7 por el protocolo de Irlanda del Norte

La pandemia no solo se ha convertido en una apisonadora sanitaria. Cerca de 128.000 personas ambos lados del Atlántico han perdido ya la vida por coronavirus. Políticamente, está suponiendo también todo un jaque para las democracias, ante el poder cada vez más evidente de China. Por lo tanto, el objetivo de la cumbre del G7, que concluye este domingo en Cornualles, era garantizar su capacidad de influencia, una misión especialmente importante para los Estados Unidos, con el que el gigante chino compite por hacerse con la hegemonía mundial.

Para su primera gira internacional, el presidente Joe Biden dejó claro que la competencia entre las democracias y los regímenes autoritarios, sobre todo Pekín, suponía el desafío definitorio de esta era. Y en este sentido, logró convencer ayer al resto de líderes del G7 para lanzar un gran plan de infraestructuras que contrarreste el avance del régimen de Xi Jinping.

Los mandatarios de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y Japón (más la UE) acordaron lanzar la iniciativa “Build back better for the world” (Reconstruir mejor para el mundo) para “responder a las necesidades tremendas de infraestructuras en los países de ingresos medios y bajos”, informó la Casa Blanca en un comunicado. En concreto, el plan irá dirigido a naciones de Latinoamérica, el Caribe, África y el Indopacífico.

Se trata de una clara respuesta al proyecto chino “One Belt, One Road” (Una ruta, un cinturón), que pretende revitalizar la conocida como Ruta de la Seda, mediante la modernización de infraestructuras y telecomunicaciones para mejorar la conectividad entre Asia y Europa.

Los sherpas de la Administración estadounidense señalaron que no se quería “forzar a los países a que hagan una elección”. “Es más una especie de reconocimiento de que todavía hay una brecha enorme de infraestructuras a nivel global”, explicaron a la prensa. Pero el contraataque es más que evidente.

Los funcionarios de la Casa Blanca reconocieron que hubo “algunas diferencias de opiniones” entre los líderes del G7 sobre “cómo de fuerte” debe ser la acción frente a Pekín. No hubo más especificaciones. Aunque está claro que el premier Boris Johnson, que actúa en la cumbre como anfitrión, siempre ha considerado que con China se necesita un enfoque más híbrido de rivalidad y cooperación. Sobre todo porque considera que las crisis globales como el cambio climático no se pueden resolver sin el gigante asiático.

El anuncio era importante. Pero quedó ensombrecido por la creciente tensión entre el Reino Unido y la UE, ante los nuevos controles que han de aplicarse en la provincia británica de Irlanda del Norte como consecuencia del Brexit.

Para Johnson, la cumbre del G7 era su gran oportunidad para demostrar que, fuera de la UE, la Global Britain sigue siendo un actor clave. En este sentido, contaba con dirigir la conversación por derroteros más favorables para sus intereses, como las vacunas o la recuperación económica. Sin embargo, la polémica con el Protocolo de Irlanda se ha convertido en su talón de Aquiles.

Tras mantener ayer reuniones bilaterales con el francés Emmanuel Macron, la alemana Angela Merkel y los responsables de la comisión y el consejo europeo, el premier amenazó con adoptar medidas unilaterales para garantizar que el flujo de bienes entre Gran Bretaña (Escocia, Inglaterra y Gales) e Irlanda del Norte no sufre alteraciones por culpa de los controles. Pero fue el propio Johnson quien acordó dejar a la provincia británica con un estatus distinto al del resto del Reino Unido, al negarse a dejar a todo el país dentro de la unión aduanera comunitaria, una opción que podía haber tomado pese a salir de la UE.

“He hablado con algunos de nuestros amigos que parecen no comprender que el Reino Unido es un único país, un único territorio. Tengo que meterles eso en la cabeza”, afirmó el líder tory en tono áspero. “Haremos todo lo que haga falta” para proteger la integridad territorial del país, proclamó.

En este sentido, no descarta la activación del artículo 16 del protocolo norirlandés, que permite suspender unilateralmente partes del acuerdo alcanzado en su día entre Londres y Bruselas si se considera que está provocando “graves dificultades económicas, sociales o medioambientales”.

Londres ya ha retrasado al menos hasta octubre diversos controles que deberían estar ya en vigor, por lo que Bruselas ha iniciado acciones legales. Y ahora Downing Street amenaza con incumplir también el plazo del próximo 30 de junio, cuando deberían comenzar a inspeccionarse los productos cárnicos preparados que cruzan entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Gobierno británico argumenta que los controles que se pactaron entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña para evitar una frontera entre las dos Irlandas tras el Brexit crean demasiadas fricciones en su mercado interno y pide que se aplique de una manera “más flexible”.