“Tengo mucho miedo. Vengo a suplicarle una vez más a la Audiencia Nacional de España que no extraditen a mi esposo”

La mujer de Ernesto Quintero no puede más. En 24 horas, enviarán a su marido a Venezuela, una polémica extradición de España a las autoridades de un país en el punto de mira de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

Cismary Marcano, de 36 años, llegó a Madrid en 2018, junto a Ernesto y su hija, que hoy ya tiene 8 años. Se establecieron en Arganda del Rey pidieron asilo por cuestiones humanitarias y se empadronaron. La pequeña comenzó el colegio en 2019. Su historia hubiera sido una más entre las decenas de miles de venezolanos que abandonan Venezuela y buscan en España un futuro mejor ante la deriva autoritaria del chavismo.

Pero había contra Ernesto una petición de extradición y su marido estaba en los registros de Interpol. El venezolano peleó y demostró ante el organismo internacional de la Policía que él no era “accionista” de la empresa ABA, tal y como denunciaban las autoridades de Venezuela, que lo acusan de participar en una trama de enriquecimiento ilícito. Ernesto cumplía órdenes ydemostró además que sus funciones eran meramente administrativas. Por tanto, la Interpol retiró la llamada “ficha roja”.

El problema es que, paralelamente a este proceso policial, en los tribunales españoles comenzaban con la petición de extradición. Tras la decisión de la Audiencia Nacional, el Consejo de Ministros español -formado por representantes del PSOE y de Unidas Podemos- el 12 de enero de 2021, aprobó su entrega al chavismo. Al mes siguiente, Ernesto Quintero es detenido y trasladado a la prisión de Soto del Real.

La batalla de Cismary por liberar a su marido ha sido muy dura, pero ella reconoce que siempre guardaba la esperanza de que Ernesto no fuera extraditado a Venezuela.

Hoy, su esposa está desesperada. Entre lágrimas, confiesa a LA RAZÓN que la angustia le está matando. Pudo hablar con él este miércoles, a las 8 de la mañana, y si no se obra el milagro, ya no podrá volver a escuchar la voz de su marido, saber cómo se siente. Antes de partir al Congreso de los Diputados, para denunciar esta “injusticia”, Cismary acudió a la parroquia de Santa Elena, donde tanto la han ayudado durante todo este año.

“Tengo mucho miedo. Vengo a pedirle, a suplicarle una vez más a la Audiencia Nacional de España que no extraditen a mi esposo”, indica Cismary ya desde las escaleras del Congreso. “Es una injusticia lo que está sucediendo. Mi esposo no es un político, mi esposo no cometió ningún delito. Es una persona normal, con una familia, trabajador, honrado, con valores... No es un delincuente, no era socio ni accionista, no es un ladrón. No es un ladrón”, repite.

“Es inocente, no le pueden enviar a la dictadura de Maduro”

Lo que más le sorprende a Cismary es que España no le respete sus derechos al entregarle a Venezuela. “Mi esposo es inocente, no le pueden enviar a la dictadura de Maduro”.

“Esto es muy injusto”, insiste, visiblemente afectada. Cismary recuerda que su marido presentó una solicitud de asilo “que aún no ha tenido respuesta. No se le están respetando sus derechos”.

Y es que en el tratado de extradición entre España y Venezuela de 1989, se deja claro que si hay petición de asilo no se procederá a la entrega.

Asimismo, Cismary asegura que su marido ha dado positivo, e incluso con coronavirus, le van a mandar a Caracas mañana, vía Estambul. “¿Tiene covid y aún así le quieren enviar, contagiado, enfermo? ¿Por qué no le respetan sus derechos? ¿También van a vulnerar la salud?”.

Cismary, desmoralizada, se ha encadenado a una señal en frente del Congreso de los Diputados, acompañada por otros compatriotas venezolanos. “Sólo pido que me ayuden que no lo entreguen a la dictadura”.

Finalmente, debido al positivo de Ernesto, su extradición será suspendida hasta que dé negativo.

Una entrega “sin sentido”

Desde Oliver abogados, el despacho que ha asumido el caso de Ernesto Quintero pro bono hace ya un año, argumentan que la entrega de Ernesto a Venezuela “no tiene sentido”.

“La Audiencia Nacional ha declarado en otras ocasiones que no se debía acceder a la entrega a Venezuela, pues no existen garantías del cumplimiento de los Derechos Humanos, es un país al que se le han aplicado sanciones por vulnerar los Derechos Humanos”. Asimismo, recuerdan que “los casos de torturas en las cárceles están siendo objeto de investigación por parte de la Corte Penal Internacional, se producen detenciones arbitrarias y es incuestionable la falta de parcialidad y de justicia en los tribunales venezolanos”.

Desde el despacho exponen que a pesar de la solicitud de protección a España, “la Audiencia Nacional ha decidido no suspender su entrega a Venezuela, prevista para el 12 de febrero de 2022, desoyendo así su petición”.

Para Oliver abogados “no puede sostenerse que, por un lado, la Audiencia Nacional y diversos organismos internacionales reconozcan que en Venezuela no existen garantías del respeto a los Derechos Humanos y, al mismo tiempo, se acuerden extradiciones a Venezuela”.

En conclusión, “no podemos olvidarnos que Venezuela ha sido condenada por la Unión Europea por no respetar los Derechos Humanos, no podemos obviar que los representantes de la Justicia venezolana, tanto el presidente del Tribunal Supremo, como el propio fiscal general, no podrían pisar suelo de la Unión Euorpea sin ser detenidos”.