Se agotan los recursos judiciales para evitar la extradición de Ernesto Quintero

La extradición de Ernesto Quintero, según ha podido saber este periódico, es inminente. El Gobierno de Pedro Sánchez entregará al venezolano afincado en Madrid al chavismo este mismo sábado.

Está previsto que Ernesto, que lleva ya casi un año en la prisión de Soto del Real, sea trasladado al aeropuerto de Madrid Barajas el día 12 para subir a un avión de Turkish Airlines que hará escala en Estambul antes de partir hasta Caracas. Allí pasará a manos de la Justicia de Venezuela e ingresará en la cárcel a pesar de no haberse celebrado ni siquiera un juicio en su contra.

El caso de Ernesto -que como decenas de miles de compatriotas, vino a Madrid en 2018 junto a su mujer y su hija (de tan sólo 8 años)- pasará a la historia como el primer venezolano que España extraditará a las autoridades que en la actualidad gobiernan en Venezuela. Un Gobierno en entredicho en toda la comunidad internacional, pues además de estar investigado por crímenes de lesa humanidad, la cúpula del sistema judicial está sancionada por la Unión Europea, de la que España es miembro.

Justo el día en el que se conoce que España pasa de ser considerada como una “democracia plena” a una “democracia defectuosa” y retroceder seis puntos en el último Índice de Calidad Democrática publicado por “The Economist”, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha informado a sus abogados, que aún guardan la esperanza de salvarle la vida en las próximas 48 horas, del rechazo a su enésimo recurso. Y es que a pesar de los esfuerzos de su defensa, Oliver abogados, por evitar la extradición y que el venezolano haya solicitado asilo en España, “el Tribunal acuerda: no haber lugar a la suspensión de la entrega por la nueva petición de asilo interesaca por el reclamado Ernesto”.

Ernesto llega a España en 2018

Cuando Ernesto y su familia llegaron a España, se asentaron en Arganda del Rey. Todos se empadronaron y la pequeña comenzó el colegio en 2019. Es más, tanto a su esposa Cismary Marcano como a su hija se les concedió la protección por razones humanitarias. A él no se la dieron, pues en ese momento tenía una alerta de Interpol a petición del régimen chavista.

No era “accionista”

Según la Justicia venezolana, Ernesto era “accionista”, condición de la que supuestamente se valió para la comisión de los delitos por los que se solicitó su extradición. No obstante, el venezolano no fue accionista de ninguna de las sociedades mercantiles que se encuentran bajo investigación en el procedimiento penal venezolano. Ernesto demostró que sus funciones eran meramente administrativas y siempre bajo supervisión inmediata de la presidencia de la empresa, ostentada por Enrique Auvert.

Retirada de la “ficha roja”

Es más, Ernesto logró que Interpol retirase la llamada “ficha roja” de detención emitida por las autoridades chavistas. Solicitó al organización internacional de Policía la anulación y argumentó, asimismo, la persecución a los trabajadores de las Casas de Bolsas por ser opuestas al régimen y la falsedad de los datos presentados por la justicia venezolana. Él no era accionista de una de dichas empresas opositoras.

La comisión de Control de Ficheros de Interpol concluyó el 30 de marzo de 2021 que no estaba en condiciones de garantizar que los datos impugnados se hayan tratado de conformidad con la normativa -al no poder acreditar Venezuela los hechos en que basaba su orden de detención- y decidió eliminarlos del Sistema de Información de Interpol, suprimiendo así la notificación roja relativa a Ernesto.

Sin embargo, ya era demasiado tarde.

El Consejo de Ministros aprueba su extradición

Paralelamente a sus gestiones con Interpol, el 6 de octubre de 2020 se acordó la entrega a las autoridades chavistas, una decisión que fue confirmada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El 12 de enero de 2021, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, formado por la coalición de los partidos PSOE y Unidas Podemos, accede a la extradición del venezolano.

Crímenes de lesa humanidad

Cabe recordar que las autoridades españolas han obviado la reciente apertura de investigación por parte de laCorte Penal Internacional (CPI) contra la plana mayor del chavismo así como a sus principales Fuerzas de Seguridad por crímenes de lesa humanidad. O del penoso estado de sus cárceles y los inexistentes derechos de los presos.

De hecho, según el Tratado de Extradición entre España y Venezuela, firmado en 1989, se deja constancia de que “no se concederá la extradición cuando los hechos que la originen estuviesen castigados con la pena de muerte, con pena privativa de libertad a perpetuidad, o con penas o medidas de seguridad que atenten contra la integridad corporal o expongan al reclamado a tratos inhumanos o degradantes”.

En el artículo 18 de este convenio se expone que si se concede la extradición, “deberá producirse en el plazo de treinta días”. Asimismo, si “la persona reclamada no fuere recibida dentro del plazo aplicable será puesta en libertad y la parte requirente no podrá reproducir la solicitud por el mismo hecho”. Ernesto ha pasado casi un año entero en la cárcel, es decir, las autoridades chavistas y las españolas han demorado la angustia del venezolano y encima, esta privación de libertad no será descontada de su pena en Venezuela. Ernesto, con el tratado en la mano, podría haber quedado en libertad por este retraso.