Bruselas propone rebajar el precio de petróleo hasta los 45 dólares por barril en sus nuevas sanciones

La Comisión Europea ha presentado este martes su decimoctavo paquete de sanciones contra Rusia que incluye una rebaja al precio del petróleo y castigos contra aquellas empresas vinculadas al consorcio de gas Nord Stream.

“Estamos aumentando la presión sobre Rusia porque la fuerza es el único idioma que Rusia entiende”, ha declarado la presidenta de la Comisión Europea ante la prensa antes de desgranar los detalles de este nueve paquete de sanciones. Entre las medidas propuestas, Bruselas quiere imponer un nuevo tope al precio del petróleo para que se sitúe en los 45 dólares por barril frente a los 60 actuales. En los últimos meses, el precio del crudo ha sufrido una caída y en la práctica los precios se están negociando por debajo del nivel acordado, lo que deja en papel mojado las sanciones actuales.

Ahora, las empresas pueden utilizar petróleo ruso transportado por vía marítima siempre que su precio sea inferior a los 60 dólares por barril. El propósito reside en reducir los ingresos del Kremlin con los que financia su sangrienta maquinaria de guerra ya que, tal y como ha recordado Von der Leyen, “las exportaciones de petróleo siguen representando un tercio de los ingresos públicos de Rusia”.

La gran pregunta ahora es si EEUU se adherirá a esta propuesta y si los Veintisiete darán su luz verde, ya que se necesita la unanimidad del bloque para que las sanciones sean efectivas. En el mes de mayo, no fue posible llegar a un acuerdo sobre la rebaja del precio del petróleo en el seno del G7 debido a la oposición de Estados Unidos. A pesar de que las relaciones con la Casa Blanca no son las mejores, Bruselas confía en un acuerdo durante el próximo encuentro del G7 en Canadá entre el 15 y el 17 de junio. A las naciones más industrializadas del planeta se unirán India, Brasil y Méjico, grandes países importadores de crudo. “Asumo que lo haremos juntos como G7”, ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea.

La pelea también está en casa, ya que Hungría y Eslovaquia – con gobiernos abiertamente prorrusos- podrían también vetar el acuerdo. En todo caso, el sí de Washington podría acabar convenciendo a Budapest y Bratislava.

La tubería Nord Stream II fue destruida en el año 2022, antes que que hubiese comenzado a bombear gas, en un acto de sabotaje del que todavía se desconoce su autoría. Esta infraestructura fue polémica desde el principio, ya que su objetivo era transportar gas desde Rusia a Alemania a través del Mar Báltico, esquivando el territorio ucraniano y aumentando la dependencia energética europea respecto a Moscú. Aunque ahora mismo ninguno de los gasoductos está en funcionamiento, la imposición de sanciones tiene el objetivo de disuadir de que puedan volver a estar operativos.

En marzo de este año, el rotativo británico Financial Times publicó que Matthias Warning, amigo y aliado del presidente Vladimir Putin, estaba realizando gestiones para intentar retomar la construcción de NordStream II. Según las fuentes de este periódico, Warning estaría barajando la participación de inversores estadounidenses para facilitar el contacto con la Casa Blanca. Según ha explicado la presidenta de la Comisión Europea, "ningún operador de la UE podrá participar directa o indirectamente en ninguna transacción relacionada con los gasoductos NordStream. No hay vuelta atrás".

Además, Bruselas sigue estrechando el cerco contra la flota fantasma rusa, aquellos petroleros no autorizados que comercian con el crudo ruso. El Ejecutivo comunitario ha añadido 77 empresas, algunas de ellas situadas en Emiratos Árabes, Mauricio y Hong Kong. Bruselas prohíbe que estos barcos puedan desembarcar en los puertos europeos, lo que les obliga a tener que buscar nuevos buques y socava los ingresos del Kremlin.

Asimismo, la Comisión Europea ha añadido 22 nuevas entidades financieras sancionadas y quiere ampliar la prohibición de utilizar el sistema de pagos internacional SWIFT a cualquier transacción con bancos rusos. Además, Bruselas también ha propuesto sancionar a 22 empresas en terceros países que están contribuyendo a la guerra en Ucrania, situadas en China y Bielorrusia.