Un funcionario de Hacienda de EE.UU. estrecha el cerco legal sobre Hunter Biden

El funcionario de Hacienda que supervisa la investigación contra Hunter Biden ha denunciado en una misiva remitida al Congreso una serie de intromisiones políticas en el caso que trata de dilucidar si el hijo del presidente cometió delitos fiscales.

El Servicio de Impuestos Internos y el FBI aseguran tener pruebas suficientes para su imputación, pero la decisión depende de instancias superiores. Todas las miradas están puestas en el Departamento de Justicia, que todavía no ha decidido presentar cargos.

La Fiscalía que dirige el juez Merrick Garland, nombrado por el propio Biden, no lo tiene claro. Mientras, los republicanos investigan en el Congreso si se han producido conflictos de intereses en el seno de la familia Biden.

Las pesquisas comenzaron tras la revelación de los correos electrónicos del ordenador portátil de Hunter Biden. El New York Post dejaba al descubierto los oscuros negocios del hijo del entonces candidato demócrata a la presidencia en Ucrania y China, apenas unas semanas antes de las elecciones.

El funcionario del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ha solicitado protección al Congreso para testificar ante los comités que investigan el caso en la Cámara baja. La carta del investigador ha alimentado la versión de los congresistas republicanos, que han venido denunciando la parcialidad del Departamento de Justicia.

Hacienda investiga a Hunter Biden por su implicación en dos delitos. El primero por incumplir los plazos para presentar sus declaraciones de impuestos de 2016 y 2017, además de defraudar al menos 30.000 dólares en desgravaciones fiscales. El segundo por hacer una declaración falsa de forma deliberada para adquirir un arma de fuego. Hunter respondió en un formulario que no consumía drogas, una afirmación que él mismo desmintió después de reconocer sus problemas con el alcohol y otras sustancias.

Uno de sus abogados, Christopher Clark, acusó al funcionario de Hacienda de divulgar información confidencial de los contribuyentes y pidió al Departamento de Justicia que investigara al responsable. “Hacienda tiene un poder increíble, y abusar de ese poder apuntando, avergonzando o revelando información sobre los asuntos fiscales de un ciudadano privado socava la fe de los estadounidenses en el Gobierno federal”, apuntó Clark.

No ha sido la única reacción del hijo del presidente contra los que esgrimen sus presuntos delitos. Su equipo legal también ha pedido la apertura de una investigación ética en el Congreso contra la republicana Marjorie Taylor Greene. La congresista por Georgia, una de las principales defensoras de las teorías de la conspiración en las instituciones, ha sido acusada por lanzar “abusos verbales infundados” de forma insistente contra Hunter Biden, según su abogada Abbe Lowell.

La propia Lowell también se dirigió en una carta al inspector general del Departamento del Tesoro para pedir una investigación sobre Garrett Ziegler, un antiguo asesor del expresidente Trump que publicó un análisis de 644 páginas del ordenador portátil de Hunter a través de su ONG Marco Polo. Lowell exigía saber, en concreto, cómo esos documentos acabaron en posesión de Ziegler.

El que fuera miembro de la Administración Trump asistirá en calidad de testigo al juicio en el que Lunden Roberts, una antigua amante con la que Hunter Biden tuvo una hija, ha arrastrado al hijo del presidente. Roberts le ha demandado por negarse a entregar sus registros financieros en plena disputa por la manutención de su hija no reconocida.

Hunter ha adoptado una postura más contestataria con aquellos que han tratado de llegar al fondo de sus problemas con la justicia. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos intenta rehabilitar su imagen antes de anunciar oficialmente que se presenta para la reelección en 2024, como demostró en su gira oficial por la isla de Irlanda. Estuvo acompañado de Hunter en todo momento.