La Justicia falla en contra de la ley trans escocesa

En una sentencia histórica, la Justicia dictaminó este viernes que el Gobierno central de Reino Unido actuó legalmente al bloquear la polémica ley aprobada por el Parlamento de Edimburgo sobre la autoidentificación de género. La normativa fue uno de los factores que contribuyó a la dimisión de la emblemática Nicola Sturgeon en febrero. Incluso los críticos más duros con la que fuera líder nacionalista la consideraban uno de los representantes políticos más efectivos y uno de los mejores activistas de su generación. Pero su popularidad cayó por los suelos por una crisis autoinfligida sobre los derechos de las personas transgénero que, a día de hoy, sigue dividiendo al Ejecutivo escocés.

Fue a principios de este año cuando, por primera vez en la historia, el Gobierno central de Londres activó la denominada «sección 35» de la Ley de Escocia para detener una normativa con la que se quería reducir la edad para poder cambiar de género a los 16 años, eliminar la necesidad de un diagnóstico médico y acortar a tres meses el período en el que alguien tiene que vivir en su género antes de obtener un certificado. Downing Street defendió entonces que entraba en conflicto con la Ley de Igualdad de 2010 al dificultar, por ejemplo, que los espacios sólo para mujeres excluyan a las personas que nacieron biológicamente hombres. El Tribunal de Sesiones de Edimburgo –la máxima autoridad judicial escocesa para casos civiles– les dio ayer la razón.

Como corresponde a un caso sin precedentes, la magistrada Shona Haldane señaló que se trataba de una sentencia «novedosa y compleja». De hecho, concluyó en parte que era una situación en la que se podrían haber tomado muchas decisiones y que «posiblemente no haya una única respuesta correcta», pero que los tribunales sólo deberían intervenir en el caso de un claro error de derecho. La jueza concluyó que el Gobierno central tenía derecho a tomar una decisión al respecto y había tomado las medidas adecuadas para llegar a una opinión, sin entrar en el territorio aún más complicado de si era correcta.

Toda esa complejidad significa que el actual responsable del Ejecutivo escocés, el nacionalista Humza Yousaf, podría apelar. Tiene 21 días para decidirlo. Son muchos los que le piden no hacerlo para no «desperdiciar fondos públicos» con nuevas acciones legales. Hasta ahora, el proceso ha costado a los contribuyentes casi 230.000 libras. Pero Yousaf tiene gran presión de sus socios de coalición, Los Verdes, que están absolutamente furiosos por una sentencia que consideran «horrible, desgarradora e injusta».

Tras dos de las consultas públicas más largas y en medio de un discurso político cada vez más tóxico y polarizado, la polémica normativa escocesa fue aprobada en diciembre de 2022 en el Parlamento de Edimburgo entre gritos de manifestantes en las gradas como «qué vergüenza» y «este es el día más oscuro». Era una de las promesas que Sturgeon había realizado seis años antes. Y aunque inicialmente lo vendió como un triunfo personal, le supuso un gran enfrentamiento con sus propias filas: nueve de sus propios parlamentarios se oponían a la legislación, que se aprobó por 88 votos contra 33, y uno de los miembros de su propio Gabinete, Ash Regan, presentó su dimisión. Dos tercios de los escoceses también se oponían a la normativa, según las últimas encuestas.

La tramitación de la ley coincidió con el escándalo creado a principios de año en torno a la primera mujer trans condenada por violar a dos mujeres antes de cambiar de sexo mientras esperaba juicio. El caso de Isla Bryson –conocido antes como Adam Graham– provocó la indignación pública en todo Reino Unido, exacerbando las divisiones entre las propias filas nacionalistas. Bryson fue enviada inicialmente a una prisión para mujeres. Pero cuando su historia salió a la luz, la oleada de protestas en todo Reino Unido forzó su traslado a una prisión sólo para hombres.

Cuando fue acusado de los delitos en 2019, era conocido como Adam Graham, pero mientras esperaba el juicio comenzó a identificarse como mujer. Su nombre en el certificado de nacimiento se cambió a Annie Bryson en mayo de 2021, pero el sexo legal sigue siendo masculino.