Pena de muerte: ¿Qué países la mantienen y qué métodos utilizan?

El caso en Alabama contra Kenneth Eugene Smith, el primer preso en Estados Unidos condenado a morir por hipoxia nitrogenada, ha vuelto a poner el foco sobre la pena de muerte. Smith será, salvo sorpresa de última hora, la primera persona sentenciada por este método en todo el mundo, según los datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).

No han sido pocos los países que han abolido la pena capital de su legislación en los últimos años. Destacan en este apartado Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana o Sierra Leona. Pero, lejos de disminuir, el número de ejecuciones ha aumentado exponencialmente en los últimos cinco años. Amnistía Internacional registró un total de 883 en todo el mundo en 2022 en comparación con las 579 que se produjeron en 2021. Era la cifra más alta desde 2017. Pero ¿qué Estados mantienen la pena capital en 2024 y cuántas personas mueren en todo el mundo?

China, a la cabeza

Hasta 55 países mantienen la pena capital. Nueve de ellos aplicaban esta sentencia hasta 2022 por la comisión de los delitos más graves, como homicidio múltiple o crímenes de guerra. Al menos 23 conservaban la pena de muerte en su código penal, pero llevaban al menos una década sin aplicarla por distintos motivos.

Según los datos de Amnistía Internacional, recogidos en base a estadísticas oficiales, informes de los medios de comunicación y testimonios de representantes y familiares de las personas condenadas a muerte, China era el mayor verdugo del mundo. Aproximadamente mil personas mueren cada año por este motivo en el país, de acuerdo con las estimaciones de varias organizaciones en defensa de los derechos humanos.

Las autoridades chinas no aportan cifras oficiales a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos o Japón. Pekín lo considera un secreto de Estado, de la misma forma que otros países como Corea del Norte, Vietnam o Siria.

Irán, Arabia Saudí, Egipto, Irak y Estados Unidos figuraban –y siguen haciéndolo– en lo más alto del listado. En total, fueron una veintena de países los que ejecutaron al menos a una persona en 2022 por los 18 que lo hicieron en 2021. La mayoría ocupan la región de Oriente Medio y el Norte de África, sin contar a China.

La tendencia fluctúa y, aunque la actual refleja un aumento significativo, sigue siendo inferior a la registrada entre los años 1988, 1989 o 2015. Entonces se llegó a ejecutar a más de 1.500 personas.

¿Qué métodos están más extendidos?

Los métodos utilizados en todo el mundo para la ejecución incluyen ahorcamiento, fusilamiento, decapitación, lapidación, crucifixión, asfixia con gas, electrocución e inyección letal. «Todas constituyen castigos crueles, inhumanos y degradantes; no hay forma indolora de quitarle la vida a una persona», subraya en su informe el organismo Penal Reform International (PRI).

Algunos países, como Arabia Saudí o el Afganistán controlado por los talibanes, todavía llevan a cabo ejecuciones públicas y decapitaciones. China, por su parte, sigue empleando pelotones de fusilamiento.

¿Qué dice el derecho internacional?

La Asamblea General de la ONU adoptó en diciembre de 2007 una resolución histórica que pedía una moratoria del uso de la pena de muerte. Desde entonces se ha adoptado una resolución similar cada dos años y, hasta 2020, un número récord de Estados miembros de la ONU –123 de 193– votaron a favor.

El derecho internacional solicita a los Estados que mantienen la pena de muerte que impongan una serie de limitaciones a su uso, incluida la imposición de la pena de muerte solo para los «delitos más graves». En este sentido, el relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias determinó que solo el «homicidio intencional» se ajusta a la definición de «los delitos más graves».

Otra de las exigencias del derecho internacional es que se respeten las garantías de un juicio justo y que el proceso de ejecución inflija el menor sufrimiento posible. Sin embargo, en varios países se impuso o implementó la pena de muerte por delitos relacionados con drogas –apartado en el que destaca Singapur–, violación, blasfemia, secuestro, espionaje, cuestionar a las autoridades o diferentes fórmulas de traición.