Sustanciales mejoras en la Renta de Ciudadanía para casi 37.000 personas

Buena noticia para las casi 37.000 personas que perciben la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, dirigida por Alicia García, unificará en un solo texto todas las mejoras que se han introducido en los últimos años en esta materia. Además, se incorporarán las nuevas medidas aprobadas en enero de este año por el Gobierno Herrera.

De este modo, el proyecto de Decreto Ley recoge los supuestos de compatibilidad de esta ayuda con otras como aquellas derivadas de las suspensión del contrato por maternidad o por riesgo durante el embarazo, así como las derivadas de incapacidades temporales durante el desarrollo de la actividad laboral.

En este sentido, incluye las excepciones al requisito de la edad por la que menores de 25 años pueden ser beneficiarios si están siendo atendidos por centros para jóvenes sin recursos que cuentan con financiación pública.

Asimismo, contendrá la normativa sobre la retirada o continuidad de la prestación, así como el requisito de estar inscrita la persona beneficiaria como demandante de empleo, por lo que su incumplimiento será causa de suspensión del abono de la prestación durante un mes. Del mismo modo, los solicitantes deberán comunicar todos los cambios en la unidad familiar o de convivencia que pudieran tener incidencia en el reconocimiento o en la cuantía de las ayudas.

De no cumplirse los deberes como preceptor de la subvención, la Administración procederá a reclamar las cantidades indebidamente percibidas.

Junto a la relación de medidas señalas, hay otras mejoras y modificaciones. En primer lugar, se compatibiliza con la Renta Garantizada, hasta el 80 por ciento del Iprem, el subsidio de desempleo de importe igual a la cuantía básica de esta ayuda.

Junto a esto, cuando el titular haya generado derecho a prestaciones o subsidios derivados de actividad laboral compatibles con la renta, se levantará la suspensión de la misma, reanudándose en la cuantía que resulte de calcular la diferencia entre el importe de la prestación de renta que cobrara y la del subsidio por desempleo concedido.

Finalmente, se introduce una disposición relativa a ayudas para personas refugiadas y asiladas que señala que, en su caso, «la prestación de Renta Garantizada destinada a su atención podrá ser percibida a través de terceras personas, preferentemente entidades sin ánimo de lucro que formen parte del sistema de servicios sociales».