“La ley Celaá sepultará el futuro de mi hijo”

Lucas nació con una grave cardiopatía que ahora, ocho años después, y sin un diagnóstico definitivo, se traduce en una discapacidad del 65%, revisiones constantes con 13 especialistas del Hospital La Paz y una lucha infatigable de su madre, María Paramio. A su dolor se suma ahora la impotencia de unos progenitores que siempre han velado por que su hijo mayor tuviera una educación adaptada a sus necesidades. Una escolarización especializada que peligra ante Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como la Ley Celaá, que hoy se debate en el Congreso, la cual plantea, entre muchos otros aspectos polémicos, la desaparición de los centros de educación especial dirigidos a niños como Lucas.

Nos citamos con María en el Colegio San José de Getafe, en la Comunidad de Madrid, donde ha estudiado su primogénito durante 6 años y donde ella, junto a otros padres y profesores de este centro concertado, ha organizado una protesta contra LOMLOE ante el futuro incierto que se dibuja para los menores con discapacidad: “Mi hijo sigue sin hablar, tiene dificultades de movimiento y por ello necesita una educación especial. En este colegio han luchado mucho por la integración de Lucas, pero lo cierto es que en un centro convencional es complicado adaptarse totalmente a las necesidades de este perfil de estudiante. Aunque a primera vista pueda parecer que es un niño como el resto, lamentablemente no lo es. Durante el confinamiento pensamos mucho en su futuro y decidimos cambiarlo a otro colegio ordinario privado, Areteia, que está especializado en estudiantes con muchas dificultades. Es nuestro último cartucho, lo siguiente será escolarizarle en un centro de educación especial”, relata esta madre de 40 años, que se vio obligada a abandonar su trabajo en banca para dedicarse en exclusiva al cuidado de su hijo.

Según plantea la Ley Celaá, estos colegios cerrarían y todos sus alumnos pasarían a las aulas de escuelas convencionales: “La finalidad es la integración, pero esa medida, precisamente, juega en contra. Yo soy la primera que quiere que mi hijo no se sienta diferente, pero la realidad es que necesita una atención que sí lo es. Ahora, las ratios son de dos alumnos con discapacidad por clase y ya es inviable, imagínate con más estudiantes de este tipo en un aula, saldrían perdiendo tanto los niños que necesitan cuidados especiales y los que no porque no se podría seguir una clase a los dos ritmos. Hay que ser realistas”, argumenta al tiempo que pide a la ministra Isabel Celaá que recapacite “y no se cargue el sistema”.

Su máxima preocupación es que, si después de todo su esfuerzo, Lucas tiene que ingresar en educación especial y ésta desaparece “sería algo dramático porque de nada habrá servido todo lo que hemos hecho estos años. Volveríamos al punto de partida, en un colegio ordinario donde es imposible atender a las necesidades de niños como él”. Además, según relata María, en el plan de estudios de los centros dedicados a niños con discapacidades se incluye la ayuda a la integración futura de los alumnos: “Si no, a los 16 años acabaría el colegio y le dejarían sin ningún apoyo. Mi hijo tendrá 20 años, 40, 50... y qué será de él entonces. Me duele que sea un gobierno socialista el que nos esté haciendo esto. Los políticos deberían estar para ayudar, no para ponernos piedras en el camino”, sentencia.

“Los concertados no son colegios de élite”

Pero la “batalla” de María no termina aquí, sino que tiene más frentes. Su hija mediana, María, que ha cumplido los cuatro años, está matriculada en un colegio concertado, los cuales también se hallan en el punto de mira del nuevo marco legal educativo. “Dicen que son centros de élite encubiertos, ¡vaya mentira! Yo estudié también aquí, en el Colegio San José de Getafe. Hay niños de padres abogados, pero también los hay de trabajadores de la limpieza. Pagamos de manera voluntaria 47 euros al mes. Si se lleva a cabo lo que dice la ley que quieren aprobar, se cortarían todos los fondos que vienen de la administración pública y tendrían que cerrar porque sería inviable pagar el sueldo a los profesores. ¿Qué harían entonces con todos los estudiantes?”, se pregunta. En Getafe hay siete centros concertados y tres de educación especial, “lo que implicaría un duro golpe si se fulminan”, por eso ahora, María se ha propuesto hacer la revolución para frenar lo que considera una ley injusta.

Y a esta batalla suma también la de la “abolición” de la asignatura de religión, la cual para ella es fundamental para formar una sociedad cimentada en los valores de ayuda, solidaridad y respeto al prójimo: “No entiendo qué daño hace esta asignatura. Siempre se facilita la posibilidad de que quien no la desee cursar, no lo haga, es voluntario. Apartarla del currículo formativo me parece terrible. Creo que la falta de esos valores daría lugar a una sociedad cada vez más insolidaria”.

María está dispuesta a llegar hasta el final y así nos lo cuenta mientras termina de “empapelar” el colegio de su hija con carteles de “se vende” en los que ha añadido las palabras “religión”, “educación especial” y “concertadas”, entre otras. “Haré lo que sea por mis hijos, por su futuro y también por todos aquellos que se encuentran en la misma situación que nosotros. No pensamos callarnos ni permitir que hundan nuestras esperanzas”, advierte.