Casi dos años después de que el comité de ética del PSOE se encargara de revisar la polémica generada por los casos de “enchufismo” de familiares y amigos por parte de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, a lo que este organismo interno dio carpetazo con nueve meses de suspensión como militante, ahora tendrá que pronunciarse de nuevo, no solo por la gestión de la regidora de la segunda ciudad más grande de Madrid, sino también por la de su junta de gobierno al completo.

La secretaria de organización del PSOE-M, Marta Bernardo, ha afirmado hoy que se ha dado un plazo de 24 horas para que el Ejecutivo local dé cuentas al partido sobre su situación procesal en la que se encuentra cada uno de ellos después de que hayan sido llamados a declarar por perdonar presuntamente tasas municipales a una ITV por valor de 2,5 millones de euros, tras una denuncia presentada por Más Madrid. “Haremos valoraciones y aplicaremos nuestro código ético milimétricamente y de forma contundente”, ha sentenciado esta mañana en la Asamblea de Madrid. En el caso del “enchufismo”, el caso tardó diez meses en resolverse.

De momento, la Junta de Gobierno de Móstoles ha sido llamada a declarar por la jueza, pero el código ético del PSOE, que en su artículo 5.4, contempla la suspensión cautelar de militancia a aquellos miembros del partido a los que se abra juicio oral. De darse esta circunstancia, ninguno de los miembros del equipo de Posse, que forman parte de la Ejecutiva local del partido, podrían continuar y quedarían fuera de juego ya que en los próximos meses está prevista su renovación a poco más de un año para la próxima contienda electora. El código ético socialista también contempla la expulsión en el caso de que la sentencia sea condenatoria.

Mientras, la secretaria general de los populares madrileños, Ana Camins, ha pedido explicaciones a su homólogo socialista, Juan Lobato, por lo ocurrido. “Es una vergüenza para los vecinos de Móstoles que su alcaldesa y sus concejales estén investigados por un presunto delito de malversación y prevaricación”. Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Móstolés, Mirina Cortés, ha pedido la dimisión del equipo de Gobierno. “Es una situación insostenible desde todo punto de vista porque han convertido Móstoles en la capital de enchufe y de los escándalos judiciales”. Cortés ha pedido la convocatoria de un pleno extraordinario para que la alcaldesa rinda cuentas a los vecinos. “No podemos soportar tener un gobierno que asfixia a impuestos a los vecinos mientras luego perdona impuestos a empresas”.

El Gobierno de Posse, sin embargo, cree que las acusaciones “son totalmente falsas”, ha explicado el concejal Álex Martín, portavoz de la Junta de Gobierno local de Móstoles. “Todo el expediente fue aprobado conforme a la ley y según las indicaciones que nos daban. Este gobierno lo único que lleva haciendo es mejorar la vida de nuestros vecinos, que es nuestra obligación”.

El representante del gobierno municipal cree que se trata de una “denuncia política de un partido como Más Madrid”. Es por esto por lo que ha invitado al diputado de Más País, Íñigo Errejón, a “hacer una reflexión por que su partido está contribuyendo a desgastar y tirar uno de los gobiernos más importantes, el de la segunda ciudad más importante de Madrid, lo cual es una verdadera lástima”.

Sobre este asunto también se ha pronunciado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. “Es sorprendente que el PSOE tenga que ver que la alcaldesa es imputada por un trato de favor. Esperamos que Móstoles pueda cambiar de dirigentes y tengan una regidora que defienda de verdad a los ciudadanos y no a esta, que parece que a lo que está dedicada es a robarles”.