Vuelvan al orden, señorías

El arranque de la XIV Legislatura, con el Congreso de los Diputados más fraccionado de la historia reciente, la palmaria muestra de desprecio a la soberanía nacional de los parlamentarios nacionalistas catalanes y la incapacidad de los partidos del centro derecha para aunar consensos, incluso en beneficio propio, aventa los peores pronósticos para la gobernabilidad y estabilidad de España, que es, a la postre, de lo que se trata.

Al menos, una cuestión ha quedado clara: que el pretendido cordón sanitario a la «ultraderecha», impulsado por el PSOE con grandes aspavientos, ha saltado por los aires en cuanto los socialistas han visto peligrar la vicepresidencia primera de la Mesa de la Cámara. Pero, para hacer apabullante la mayoría de la izquierda en el resto de los puestos de la Mesa, ha bastado con la cerrazón del partido de Santiago Abascal, empeñado en el rechazo a facilitar que uno de los puestos fuera para el candidato de Ciudadanos. El resultado ha sido que el cuarto partido del Congreso, Unidas Podemos, triplica en representantes en la Mesa al tercero, que es VOX.

Responsabilizar a Pablo Casado de lo sucedido, como están haciendo los portavoces de VOX, es tanto como justificar que el Partido Popular hubiera aceptado formar parte del cordón sanitario propuesto por la izquierda. Sin duda, VOX se ha salido con la suya de no permitir que Ciudadanos tuviera representación en la Mesa, pero ha sido a costa de entregar el puesto a la extrema izquierda. Menos se entiende esta actitud, cuando la formación de Abascal mantiene acuerdos de gobierno en ayuntamientos y autonomías con Ciudadanos y con el PP. Desde luego, no es buena noticia que las principales formaciones que representan al centro derecha en el Congreso y que mantienen firmes principios constitucionalistas comiencen con un enfrentamiento tan absurdo como estéril una legislatura que viene marcada, precisamente, por la posición de fuerza que otorga a los nacionalistas la debilidad del partido que aspira a gobernar.

Una preponderancia, si se quiere, sobredimensionada, pero insoslayable, a poco que el candidato socialista, Pedro Sánchez, decida apoyarse en los mismos grupos que, si bien, llevaron a término la moción de censura contra Mariano Rajoy, no tuvieron el menor empacho a continuación en hacer descarrilar el nuevo Gobierno. Tampoco contribuye al sosiego la permisividad con que la reelegida presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, que lo fue en segunda votación, ha contemplado algunas fórmulas de acatamiento a la Constitución de los diputados nacionalistas, fuera de lugar tanto en la forma como en el fondo. En especial, las de los electos por ERC que han incluido una referencia a la libertad de los «presos y presas políticos» y a la futura constitución de la «república catalana». Que en la sede de la soberanía nacional, que es el fundamento de la Constitución, quede explícita la voluntad de no respetarla tiene toda la consideración de un fraude de ley y como tal debiera afrontarse. Pero, en cualquier caso, sirve de aviso a navegantes de lo que puede esperar la ciudadanía de una parte de sus representantes –porque no conviene olvidar que los diputados representan al conjunto del pueblo español, con independencia de la lista política por la que hayan sido elegidos– a la hora de defender los intereses generales de la nación. Sin duda, habrá quien considere que se trata de un mero folclore que se pretende provocativo y del que no hay que hacer mayor caso. Pero no es así. El Congreso de los Diputados, como el Senado, forman parte, con la Monarquía, de las máximas instituciones del Estado. Ignorarlo es parte de esa estrategia de deslegitimación de la democracia española en la que están empeñados los nacionalistas y los antisistema de extrema izquierda.