Código ético «regenerador»
Lo más lamentable de todo esto es que esta formación populista de extrema izquierda sea cooperadora necesaria para la supervivencia del Gobierno de España
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Si debemos alegrarnos porque se haya conseguido un acuerdo para renovar los órganos institucionales –Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas…, entre otros–, sucede todo lo contrario con el conflicto entre el Congreso de los Diputados y el Tribunal Supremo a cuenta de la pérdida de la condición de miembro de la Cámara, de un diputado de Podemos por una sentencia firme de nuestro superior órgano jurisdiccional ordinario. La «ley del embudo» parece que se aplica por quienes llegaron a la política hace escasamente unos años dispuestos a «asaltar el cielo» para acabar, según ellos, con un sistema político corrupto y necesitado de cambios purificadores. Así, entre las medidas regeneradoras que anunciaron estaba un código ético muy estricto, por el que exigían a los demás y se comprometían a dar ejemplo con sus conductas en relación a eventuales efectos ante situaciones procesales de sus miembros.

Comenzaron comprometiéndose a que sus cargos públicos dimitirían cuando hubiera indicios sólidos de la comisión de un delito. Posteriormente el código ético pasó a exigir la renuncia solo cuando fueran investigados; más tarde, la dimisión se produciría únicamente al ser procesados o imputados, para acabar comprometiendo la dimisión solo ante el supuesto de que fueran condenados por sentencia firme.

Ahora la realidad de todas esas promesas regeneradoras se refleja en un caso de actualidad. Un diputado juzgado y condenado por el TS por patear a un policía en una manifestación en 2014, no sólo no renuncia, sino que el grupo parlamentario al que pertenece recibe el apoyo del grupo socialista encabezado por la presidenta de la Cámara, para dejar sin efecto el fallo.

Podríamos añadir a este supuesto el de una conocida diputada de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, también condenada en firme por una conducta similar a la de su comilitón podemita del Congreso. En este caso, la «sanción» de la regeneradora UP ha sido contratar a la exdiputada como asesora de la dirigente de su formación y titular del Ministerio de la ideología de género, también conocido como el de «Igualdad». Lo más lamentable de todo esto es que esta formación populista de extrema izquierda sea cooperadora necesaria para la supervivencia del Gobierno de España. No consta que el reciente 40° Congreso Federal del partido «socialdemócrata» gubernamental haya incorporado la dimisión o cese del cargo público correspondiente como respuesta a la conducta de mentir, engañar o faltar a la verdad y a los compromisos contraídos con los electores, como necesaria y ejemplarizante conducta ante los ciudadanos titulares del voto.

A la luz de todas estas cosas se comprende mejor que la separación de poderes no sea del agrado de la coalición gubernamental.

Ps: Enviado este Trípode, Batet acuerda cumplir la sentencia y retirar el escaño al diputado. La reacción de Podemos les retrata como formación antisistema.