La indigna sedición del PSOE

Los independentistas condenados, así como los fugados de la Justicia y los que están pendientes de juicio, cometieron un delito que en otros países sería considerado como una traición y una rebelión. No fue otra cosa, aunque la condena del Supremo se intentó ajustar a lo que establece el Código Penal que frívolamente quiere modificar el Gobierno para complacer a sus poco recomendables socios y aliados parlamentarios. Por tanto, no es un delito trasnochado o el resultado de una persecución ideológica, porque en España no se persigue a nadie por sus ideas políticas. El cambio de actitud del presidente del Gobierno produce estupor, porque era un firme defensor de que se había producido una rebelión y ahora considera que fue, simplemente, unos «desórdenes públicos agravados». Me gustaría saber qué leguleyo aficionado o estudiante de primero de Derecho, seguidor de Wikipedia, le ha aconsejado en esta materia, porque el despropósito es impresionante. Es imposible encajar los hechos probados en unos desórdenes, salvo que se pretenda una amnistía encubierta y destruir la defensa jurídica de España en las instituciones de la UE. Sánchez regala a los independentistas una victoria de dimensiones colosales, porque confirma su tesis de que fue una condena injusta. Es el propio Gobierno quien impulsa esa reforma legal basándose en que quiere armonizar el delito con las democracias europeas más avanzadas, lo que es una escandalosa mentira.

Es inquietante que unos políticos que prometieron cumplir la Constitución y tienen entre sus cometidos la defensa del ordenamiento jurídico, mientan a sabiendas. Juan Carlos I tuvo que acudir en defensa de la Constitución durante el golpe de Estado del 23-F con una declaración institucional clara y solemne y a su hijo, Felipe VI, le correspondió hacer lo mismo tras la crisis institucional provocada por los independentistas. Esta reforma legal supone cuestionar esta última intervención, porque Sánchez considera que solo fueron unos desórdenes públicos. Es evidente que el jefe del Estado ni puede ni debe intervenir cuando se producen circunstancias como estas si tomamos en serio el despropósito que representa esta indigna proposición de ley orgánica presentada por el PSOE y Unidas Podemos. Es un despropósito porque debilita al Estado en su capacidad para afrontar otro delito de similares características en contra de la Constitución. Cualquier texto legal es susceptible de mejorarse si es necesario, porque en caso contrario quedaría petrificado.

La sentencia del Supremo muestra claramente que se tenía que reformar el Código Penal, pero en sentido contrario al decidido por Sánchez para complacer a ERC. Un delito contra la Constitución y las instituciones del Estado no puede estar, como sucede con la sedición, en el Título XXII referido a los «Delitos contra el orden público». Lo que vivió España esos días fue un proceso, como señala el artículo 472, destinado a «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». El problema es el término alzarse violentamente, porque permite diversas interpretaciones. El Código Penal es heredero de la concepción de acción militar como la única rebelión que encaja en los delitos contra la Constitución identificados en el citado artículo. Por tanto, lo que se tendría que haber hecho, ya que se habla de armonizar con otros países, es incluir comportamientos como los que se vivieron esos días, como rebelión o alta traición, como se define en otros países.

La proposición presentada por el PSOE es una indignidad, porque apoyó la aplicación del 155 CE, y defendió que fue una rebelión. El partido que fue uno de los protagonistas de la Transición no se puede someter a los deseos de los independentistas. Es cierto que no se puede esperar dignidad y patriotismo de Podemos, que es una formación antisistema que quiere acabar con la Constitución, que defiende la autodeterminación y que busca implantar un régimen bolivariano en nuestro país.

Es evidente que Sánchez ha tomado una inexplicable e innecesaria decisión, que es la más arriesgada de su carrera política. Nada que ver con el indulto. Le ha regalado la línea argumental a la oposición para su campaña electoral. No tengo la más mínima duda de que Abascal intentaría aplicar el artículo 102 CE si tuviera suficientes diputados e instaría una acusación por traición contra el presidente del Gobierno para exigir que fuera juzgado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El problema es que para ello necesita una cuarta parte de los diputados, que no tiene pero que le sería igualmente útil en clave política, y conseguir la mayoría absoluta. No es casual que los dirigentes de Vox utilicen, precisamente, la palabra traidor. Por su parte, Feijóo no tiene más que esgrimir permanentemente esta reforma, recordar los socios y aliados de Sánchez y defender la Constitución. A esto debe añadir la crisis económica, con la inflación, las hipotecas y el endeudamiento, y tiene una clara y contundente victoria al alcance de su mano.

Es cierto que el aparato propagandístico del Gobierno, con sus habituales y fervorosos corifeos mediáticos, se ha puesto en marcha, aunque lo hacen tapándose la nariz, para preservar el bien más preciado, sobre todo para sus bolsillos, que es la continuidad de Sánchez. A pesar de que eran políticos, medios como Prisa y tertulianos fervorosamente antisanchistas y defensores de Susana Díaz, ahora han visto la luz e incluso defienden que no fue rebelión o sedición, sino unos «desórdenes públicos agravados». Es una fina expresión de su ética política. El comportamiento de los dirigentes socialistas ha sido deleznable, porque no existe ni un atisbo de coherencia y dignidad. No se dan cuenta de que lo único que entiende el independentismo es la firmeza de las instituciones del Estado. La debilidad es su fuerza. El constitucionalismo catalán ha sido abandonado con esta medida innecesaria, porque no era necesario entregar en bandeja a ERC y JxCat el argumento que legitima sus delitos contra la Constitución. Sánchez considera que solo fueron desórdenes. Nunca imaginé que haría algo así.