Un cese justo y necesario

He defendido siempre la presunción de inocencia, pero hay instituciones en las que el cese es imprescindible. Es lo que ha sucedido con la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por la imputación de su marido en una causa penal. A esto hay que añadir que esta destitución fulminante coincide con las investigaciones judiciales por las presuntas irregularidades en obras de 13 comandancias y con el «Caso Mediador» que afecta a dos generales retirados de la Benemérita. El Gobierno ha acertado resolviendo parcialmente un problema provocado por la desafortunada politización de la dirección de una de las instituciones más prestigiosas e importantes de nuestro país. Esta es una cuestión que se tendría que abordar, porque convendría no poner políticos al frente de la Policía y la Guardia Civil. Las directoras o directores del Instituto Armado contemplan este cargo como una etapa de su carrera. Es un grave error. Hay que tender a un modelo, como sucede en algunos países, donde el responsable político es el secretario de Estado y, por debajo suyo, son todos funcionarios especialistas en las materias.

En este terreno, siempre me he preguntado qué puede aportar un concejal, un diputado o un antiguo alto cargo de cualquier administración territorial, me es igual que sea del PSOE o el PP, al frente de uno de estos cuerpos especializados y complejos. Es algo que conduce a esa indeseable politización. Es cierto que las cúpulas están formadas por los generales de la Benemérita o los comisarios principales, pero lo ideal sería que al frente estuvieran, por ejemplo, magistrados. España es una de las grandes democracias del mundo y tan importante es el fondo como la forma. Es lamentable que una directora general tenga que dimitir por la imputación de su marido. Estamos hablando de la Guardia Civil, no de una subsecretaría o una secretaría de Estado, dicho con todo el respeto, que no tendría un impacto tan enorme ante la opinión pública. Por tanto, una de las cosas que debería hacer el próximo gobierno, con el apoyo del principal partido de la oposición, es establecer una reforma legal para que los cargos por debajo de secretario de Estado sean ocupados, sin excepción, por funcionarios siguiendo, estrictamente, el criterio de mérito y capacidad.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).