Cástor Díaz Barrado

Suma y sigue

Hace ya un año que Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, pidió y le fue concedido el asilo diplomático por Ecuador. Desde entonces se encuentra, sin poder salir, en la sede la Embajada del Estado andino en Londres. Los gobiernos de Reino Unido y Ecuador son incapaces de encontrar una solución y todo hace prever que Julian Assange permanecerá durante algún tiempo más en la Embajada ecuatoriana y que el conflicto se prolongará en el tiempo. Ninguno de los dos estados se beneficia de esta situación y seguro que ambos estarían de acuerdo en encontrar una solución que pusiera fin a la misma. No obstante, la reciente reunión entre los ministros de Asuntos Exteriores de los dos estados ha terminado en fracaso puesto que la mera creación de un grupo de trabajo para estudiar la cuestión supone la prolongación del conflicto. El Reino Unido no puede pretender que se apliquen las leyes británicas cuando está en juego una norma del derecho internacional que permite a Ecuador la concesión del asilo, en este caso diplomático, en la línea de la tradición iberoamericana. La errática diplomacia británica en relación con el espacio iberoamericano y que se plasma, de manera fehaciente, en mantener conflictos de envergadura como el de Gibraltar y las Malvinas, debería pasarle factura. Pero también, debería hacer pensar a los estados latinoamericanos que en España cuentan con un buen aliado en Europa y que Iberoamérica es un eje central de la política exterior española. El Gobierno británico no parece dispuesto a resolver la situación de Assange y, con ello, siempre estará condicionado en algunos aspectos de su política exterior. Ecuador, por su parte mantiene el pulso en el «caso Assange» y la estabilidad política en este estado, con la reelección del presidente Correa indica, a todas luces, que no se van a producir cambios en relación con este asunto. Es posible que Ecuador aceptase poner fin al conflicto si las autoridades del Reino Unido se comprometiesen, con garantías, a que, en ningún caso, se producirá la extradición de Assange a los Estados Unidos, algo para lo que se necesita, también, el acuerdo de Suecia que, como se sabe, le reclama por delitos de agresión sexual. La alianza de Reino Unido con Estados Unidos hace que estemos en presencia de una cuestión de carácter político en la que se ven inmersas instituciones propias del Derecho Internacional y en el que se debe encontrar una solución que, sin vulnerar éstas, permita a los dos estados llegar a un acuerdo.