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Don Juan Carlos debe estar

Tiempo de lectura 4 min.

28 de noviembre de 2018. 00:07h

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28/11/2018

España se encamina a la celebración del 40 aniversario de uno de esos días decisivos y trascendentes que han jalonado la historia de esta vieja nación, para muchos la más antigua. Aquel 6 de diciembre de 1978 los ciudadanos de este país pusieron con sus votos el colofón a una obra ingente que ha sido objeto de estudio y de admiración en medio mundo como fue la Transición, un proyecto de estado, una aventura colectiva, que convirtió un sistema autoritario en una democracia de la ley a la ley. La Constitución fue ratificada en referéndum aquel día y posteriormente sancionada por el Rey Juan Carlos el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de ese mismo año. Aquella Carta Magna, que cumplirá pues en unos días cuatro décadas de vida, ha propiciado el periodo de bienestar y prosperidad más notable para España y nos ha catapultado como nación y sociedad a cotas extraordinarias de libertad y de ejercicio de los derechos fundamentales. Esa norma suprema, producto de un consenso político y social desconocido por estas tierras y por lo tanto extraordinario, se ha erigido en la clave de bóveda que ha convertido y ha mantenido a España como una de las 19 democracias plenas del mundo. Ese «milagro» de 1978 tuvo un buen puñado de padres y de protectores, pero una figura sobresalió muy por encima de las demás; fue Juan Carlos I, que desde su atalaya como jefe del Estado de una nación aún no democrática decidió que España y los españoles tenían que cerrar las puertas al pasado y gozar de las libertades democráticas y de las garantías de un estado de derecho como sucedía en los países de nuestro entorno. Pensar entonces como hoy que aquella catarsis podía haber salido adelante contra el criterio o con la frialdad o el escepticismo del Rey es un desatino, una ingenuidad, una maldad o una provocación. En realidad, y con las perspectiva del tiempo transcurrido, el sepelio de la dictadura y el advenimiento de la democracia fue un obra de autor, un plan con el marchamo personal de alguien comprometido con una vida mejor para sus conciudadanos. Hay razones para conmemorar esas cuatro décadas de una criatura constitucional de la que debemos sentirnos orgullosos y Don Juan Carlos debe tener el papel principal que le corresponde en esa celebración solemne. Su presencia responderá a razones de justicia histórica, legitimidad institucional y agradecimiento nacional a un Rey que tuvo el coraje, la convicción y la firmeza suficientes para encarrilar España hacia la modernidad y el bienestar. Hoy, vivimos tiempos complicados y peligrosos en los que una parte de los representantes políticos –populistas, comunistas y separatistas– cimentan buena parte de su discurso en propagar que la Transición fue un gran fiasco y que la Constitución es una suerte de cárcel que somete los derechos de los discrepantes, y que incluso han puesto a la Corona en el punto de mira de una infame campaña de descrédito para alentar un debate que no puede estar más alejado del sentir mayoritario de la sociedad. En ese contexto resultaría aún más incomprensible que el Rey Juan Carlos no ocupara el lugar que merece y que se ha ganado en la conmemoración que se prepara en el Congreso de los Diputados. Hay que desmontar y denunciar a quienes reescriben el relato de aquellos días de forma espuria para servir de material inflamable a una propaganda desleal y venenosa. La Constitución de 1978 está amenazada por quienes actúan también como enemigos de la España liberal y democrática que emana de ella. El aniversario es una oportunidad para responder, reivindicar la Transición, ensalzar la Carta Magna y rendir un tributo de agradecimiento a todos los que la hicieron posible; el primero, el Rey Juan Carlos.

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