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Oportunidad para rectificar

Tiempo de lectura 4 min.

18 de enero de 2018. 09:53h

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18/1/2018

Algunos gestos, si se quiere, menores, del nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, como la eliminación en su nota biográfica de la referencia a la «república catalana», y el pretendido tono conciliador de su discurso de inauguración de la XIIª Legislatura autonómica, permiten abrigar algunas esperanzas de que el nuevo tiempo político del Principado suponga el retorno a la legalidad y a una manera de actuar desde las instituciones catalanas que tenga en cuenta al conjunto de los ciudadanos y no sólo a una parte de los mismos. En efecto, mueve a un moderado optimismo la propia reacción irritada de las CUP, que, a través de su portavoz, Carles Riera, se quejó de que la intervención de Torrent se situaba «en el marco autonomista y constitucional», muy lejos de cualquier referencia o compromiso «con la legalidad republicana». Sin duda, contrastan la actitud y el tono del nuevo presidente de la Cámara con la intervención extemporánea y fuera de protocolo del fugaz presidente de la mesa de edad, el separatista converso Ernest Maragall, instalado en una radicalidad tan agria que pareciera impostada. Estamos, sin embargo, y así hay que advertirlo, en los prolegómenos del ejercicio político que ayer comenzó. La piedra de toque de la Legislatura, la que definirá su alcance, será la elección del presidente de la Generalitat. Es de esperar que –pese a las manifestaciones voluntaristas de los representantes de JpC, que insisten en mantener la candidatura telemática de Carles Puigdemont, huido en Bruselas, rechazada por el dictamen de los letrados del Parlament, por ser contraria al sentido común y a la legislación vigente–, que el nacionalismo catalán opte por una figura sin condicionamientos penales, que, tarde a temprano, acabarán por sustanciarse en las correspondientes sentencias judiciales, y que pueda abrir un nuevo periodo de estabilidad para Cataluña, dentro de la Ley, la Constitución y el Estatuto. Lo contrario significa condenar a la comunidad a una nueva legislatura frustrada, que agudizará los problemas económicos y sociales de los ciudadanos –ayer sumaban más de una docena las firmas que se habían unido al éxodo empresarial–, dado que el Gobierno que preside Mariano Rajoy ya ha advertido que no tolerará una reedición, por maquillada que sea, de la intentona golpista. No habrá, no puede haberlo, ni un Ejecutivo ni un Parlamento autonómicos que no respete los límites de nuestro ordenamiento constitucional. Así, frente a la posición mantenida por la diputada de Junts per Catalunya y jefa de campaña de Puigdemont, Elsa Artadi, de que el acuerdo con ERC es «muy claro» y no se entendería que Esquerra no apoyará el nombramiento a distancia del ex presidente destituido, lo cierto es que las voces más sensatas insisten en el camino de la rectificación y buscan una salida de compromiso. Es un camino que no está cerrado por la aritmética parlamentaria, por cuanto los votos de la CUP, que condicionaron la anterior legislatura, han dejado de ser decisivos, una vez que Podemos ha tomado partido por el bloque secesionista –como se demostró en la elección del presidente y los miembros de la mesa del Parlamento– y podría facilitar la elección de un presidente de la Generalitat no contaminado. En definitiva, la mayoría de los ciudadanos, en Cataluña y en el resto de España, esperan que la racionalidad vuelva a las instituciones catalanas para poder seguir construyendo un futuro más próspero, que deje atrás los traumas de la crisis. Hace cinco años que no se gestiona como es debido, es decir, pensando en el interés general, los asuntos públicos de Cataluña. Es tiempo de rectificar.

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