91.000 firmas en solo una semana contra el aborto

«Somos David frente a Goliat, siempre vamos a parecer pequeñitos, y siempre vamos a parecer pocos». Con estas palabras define María Sánchez Galindo, una de las portavoces de la asociación provida «Derecho a vivir», su lucha sin descanso por frenar la aprobación de una ley –la de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo– «contra la que estamos la mayor parte de la sociedad española, aunque no estén aquí hoy físicamente».

La metáfora representa a la perfección lo que pasó ayer a las puertas de Ministerio de Igualdad. Una veintena de personas –en representación de muchas más– respondían con 91.0000 firmas, recogidas en solo siete días, a la consulta pública que la ministra de Igualdad, Irene Montero, abrió a los ciudadanos para manifestar su opinión sobre la nueva Ley del Aborto. Conviene recordar que, el Consejo de Ministros aprobó recientemente el proyecto de reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ampliará «derechos» y eliminarán obstáculos para abortar (se hace extensiva a menores de 16 y 17 años, o personas con discapacidad, sin necesidad de permiso de los progenitores o tutores legales) o, como se expresa oficialmente «ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo», regulando también el derecho individual y constitucional a la objeción de conciencia del personal sanitario.

«Cada gobierno progresista radicaliza la ley del aborto. Una ley que ampara el asesinato de 90.000 niños cada año en España, y que ahora quiere también desproteger a las menores y la objeción de conciencia de los médicos», señaló uno de los portavoces de Derecho a Vivir, Miguel Tomás.

Los voluntarios de la plataforma realizaron una escenificación frente al Ministerio de Igualdad en la que representaron a la ministra rodeada de sacos de dinero, porque consideran que «el verdadero objetivo de esta ley es enriquecer el negocio de los centros abortistas». «Miles de personas le quieren decir a la ministra Montero «No» al aborto y «Sí» a la vida. Y nos hubiera gustado poder hablar con ella y presentarle nuestra postura, pero parece ser que no tiene tiempo para atender a las asociaciones que defienden la vida, como sí lo tiene para recibir a las que defienden la muerte», matizó Tomás.

Igualdad no solo no ha querido recibirles, sino que no ha aceptado la entrega física de las firmas, excusándose en el argumento de que «este Ministerio no tiene un registro físico, por lo que todos los registros tienen que ser electrónicos», en palabras del responsable de seguridad del edificio. «Esto llama mucho la atención porque, además, yo, como ciudadana puedo entrar en una administración pública. No hay administración pública que me pueda cerrar el paso», señala a este periódico María Sánchez Galindo.

“Roe contra contra Wade”

La filtración sin precedentes del rotativo estadounidense Político a principios del mes de mayo sobre la existencia de un borrador –firmado en febrero de este año– en que se suscribe un acuerdo entre magistrados de la Corte Suprema, que pretende revocar la actual ley del aborto -vigente desde la sentencia Roe contra Wade- ha generado un revuelo social, mediático y político de magnitud incalculable, dentro y fuera de Estados Unidos.

En ese histórico caso de 1973, la máxima institución judicial del país dictaminó que la Constitución protege la libertad de una mujer embarazada para elegir interrumpir su embarazo sin excesivas restricciones del Gobierno. Lo que lleva más de medio siglo siendo un derecho constitucional parece que podría convertirse en un delito punible.

«Estamos en el momento idóneo para luchar porque es ahora cuando hay un debate social contra el aborto, que no hubo ni en 2010 ni en 1985. No solamente en España sino en el resto del mundo. Nosotros, desde la plataforma Citizen go, que es la rama internacional de la plataforma ‘Hazte oír’, estamos librando también una batalla en Washington», señala Sánchez Galindo.

«Vamos a estar presionando para llegar al Tribunal Constitucional, no vamos a parar». Las asociaciones provida preparan una manifestación conjunta para el próximo 26 de junio.