Isabel Giménez Revilla tiene ya la penúltima palabra para dilucidar si las ex monjas de Belorado que hace prácticamente un año y medio protagonizaron un cisma católico devenido en un serial histriónico deben abandonar el convento en el que residen. La jueza de Briviesca tendrá que dilucidar si son desahuciadas y quién es la propietaria del convento: si ellas o la Iglesia. Penúltima palabra porque las clarisas excomulgadas ya han dado a entender que recurrirán la decisión para dilatar su futurible salida lo máximo posible en caso de que la sentencia no les sea favorable. Tras esta vista oral y sin que ninguna de las partes se haya mostrada abierta a una negociación que planteó la magistrado, el caso queda visto para sentencia. Si la jueza aprueba echarlas, la fecha de lanzamiento está fijada para el 12 de septiembre, una jornada en la que probablemente no sucederá nada.

De momento, ayer desfilaron por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca las ocho mujeres que todavía residen en el cenobio después de que tres de sus compañeras decidieran no secundar la aventura liderada por la ex abadesa sor Isabel Trinidad. Sor María Amparo se plantó nada más conocer la escisión de Roma y a las pocas horas salía del convento desconcertada. Otras dos religiosas huyeron el verano pasado por discrepancias con la lideresa del grupo. Así pues, la demanda del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio designado por Roma y reconocido como gestor de los conventos por la autoridad civil, se dirige contra estas ocho inquilinas, quedando exentas las otras cinco religiosas ancianas, que serían las legítimas administradoras de los inmuebles de la comunidad.

Con este panorama, la vista oral arrancó, como estaba previsto, a las diez de la mañana, y duró poco más de hora y media. Y se alargó especialmente, porque el abogado de las monjas, Florentino Aláez, pronunció un alegato que duró prácticamente una hora, que convirtió en un canto a la libertad religiosa que ampara la Constitución con el único objetivo de justificar que las ex monjas son las dueñas de los espacios, aun cuando no tienen documento alguno que lo pruebe. De esta manera, basó su defensa para que las personas jurídicas gozan de esa libertad religiosa y, por tanto, al separarse de su confesión, mantienen la titularidad de la propiedad y a la ex abadesa como representante legal por un acuerdo comunitario. A la par, planteó «la ineficacia del nombramiento de Mario Iceta» como representante legal porque si el monasterio tiene derecho a convertirse en asociación, «todos sus bienes y derechos pasan a la asociación y por tanto el nombramiento del comisario pontificio es ineficaz». Por todo ello, solicitó la desestimación de la demanda.

De poco sirvió que la jueza arrancara la sesión tumbando algunas de las cuestiones prejudiciales que planteó y advirtiéndoles de que el único objeto de la vista oral era demostrar quién es el legítimo propietario del monasterio y no un debate sobre el derecho de asociación y la libertad de culto.

Por su parte, el equipo jurídico del Arzobispado de Burgos, a través del abogado Gerardo Sanz-Rubert, recordó que al romper con la Iglesia, dejaron de ser monjas y católicas y, por tanto administradoras del convento en el que vivían. Esta argumentación la sostuvo con la documentación que acredita que el edificio es propiedad de la entidad religiosa registrada oficialmente ante el Estado y no de ellas. «Ya no son parte ni de la comunidad ni de la orden clarisa», insistió el letrado, que criticó que se presente como «poseedoras sin título». «No pueden fabricarse» un documento que las avale, manifestó sobre el intento frustrado de constituirse como asociación civil que no contó con el visto bueno del Ministerio de Justicia para incorporarse en el Registro de Entidades Religiosas.

Sobre las acusaciones vertidas contra el arzobispo Iceta, Sanz-Rubert defendió que «no es un líder religioso expulsando a unas disidentes». Iceta no estuvo presente en la vista oral y delegó su participación en el abogado Rodrigo Saiz como apoderado. «El proceso de excomunión ratifica su voluntad de abandonar la Iglesia, sin que nadie las coaccionase y obligase», compartió Saiz, un acto que explicó que tiene como consecuencia que la exabadesa perdiera todos los poderes sobre la propiedad.

Otros votos falsos y fidelidad a Pío X

En su deriva sedevacantista, ayer las religiosas excomulgadas explicaron en la rueda de prensa que protagonizaron en el convento que han renovado sus «votos de castidad, pobreza y obediencia» con la firma de un nuevo documento que han denominado «juramento antimodernista» basado en las «ideas del Papa Pío X» para «subsanar los 60 años de Concilio Vaticano II». De esta manera, consideran que hacen un «paréntesis» en su vida religiosa entre 1965 y el 8 de mayo de 2024, cuando se separaron de la Iglesia que denominan «conciliar». Ellas aseguran que se mantienen en una fe «tradicional».