El TEDH da la razón a la testigo de Jehová que demandó a España por hacerle transfusiones de sangre sin su consentimiento

En julio de 2017, una mujer residente en Soria y testigo de Jehová se realizó una serie de pruebas médicas que revelaron que debía someterse a una intervención quirúrgica. La mujer escribió hasta dos documentos en los que dejaba claro que no quería recibir dicho tratamiento médico bajo ninguna circunstancia, incluso si su vida estaba en peligro.

Según informa Ep, casi un año después, en junio de 2018, fue ingresada en el Hospital de Soria por una hemorragia interna que le había provocado una anemia grave. Ese mismo día, los médicos le recomendaron una transfusión de sangre, pero se negó y lo dejó nuevamente por escrito en un documento para el consentimiento informado que tanto ella como su doctor firmaron y que se incorporó a su historial. Al día siguiente, dada la gravedad de su estado, fue trasladada en ambulancia a un hospital de Madrid conocido por prestar tratamientos alternativos a las transfusiones de sangre, acompañada por un médico con su historial. Durante el viaje, éste avisó a sus colegas madrileños de que se trataba de un caso grave y, tras ello, los anestesistas contactaron con un juez de guardia solicitando instrucciones.

Indicaron al magistrado que la paciente era una testigo de Jehová que había manifestado su negativa a recibir todo tipo de tratamientos a pesar de su gravedad. En consecuencia, el juez autorizó practicarla todos los procedimientos médicos que fueran necesarios para salvar su vida.

La mujer demandó a España, y al acabarse el recorrido judicial aquí, sin que prosperara, se dirigió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hoy le ha dado la razón. Por nueve votos contra ocho, ha determinado que "el Estado demandado debe pagar a la demandante, en el plazo de tres meses, 12.000 euros, más los impuestos que sean exigibles, en concepto de daño moral", así como también, en el mismo plazo, "14.000 euros más cualquier impuesto que pueda ser exigible al demandante, en concepto de costas y gastos".

Según la sentencia, se han violado los artículos 8 y 9 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH). El primero de ellos establece lo siguiente:

«1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar...; 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás».

El artículo 9, por su parte, vela así:

«1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos»; 2. La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones no puede ser objeto de más limitaciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos y libertades de los demás.»

La demandante reclamaba 45.000 euros en concepto de daños no pecuniarios que consideraba haber sufrido a causa de la histerectomía que se le practicó sin su consentimiento y de las transfusiones de sangre que se le administraron en contra de sus deseos y de sus profundas creencias religiosas.