La verificación de edad es un fracaso: no aleja a los jóvenes de los sitios para adultos

Las leyes de verificación de edad, diseñadas para impedir que los menores accedan a contenido para adultos, no están cumpliendo su propósito.

Lo advierten investigadores, lo confirman los datos, y lo denuncia ahora un nuevo estudio del Phoenix Center, una organización de políticas públicas sin fines de lucro. Según sus conclusiones, estas leyes no solo son ineficaces, sino que además podrían estar vulnerando derechos constitucionales.

El análisis sostiene que las normativas actuales no superan una prueba de lo que cuestan en comparación al beneficio que ofrecen.

Es decir, si no logran frenar el acceso de los menores, el coste que suponen para los adultos, en términos de privacidad, libertad de expresión y acceso a contenido legal, supera con creces cualquier beneficio.

Cuando proteger deja de proteger

Y no es tan difícil de entender. Basta con mirar fuera. En Estados Unidos y otros países, estas leyes exigen que los sitios con contenido explícito verifiquen la edad de sus visitantes mediante métodos más estrictos que el clásico “sí, soy mayor de edad”.

Desde pedir una identificación oficial, hasta reconocimiento facial o validación a través de terceros.

Pero incluso así, los usuarios, especialmente los jóvenes, han aprendido a esquivarlas. Porque siempre que aparece una ley, aparece también quien busca cómo saltársela fácilmente.

Y en plena era tecnológica, eso resulta mucho más fácil.

Las búsquedas de términos como “VPN” o “porno gratis” se dispararon en varios estados. Desde que estas leyes se implementaron en EE. UU., hubo un aumento del 47 % en búsquedas de VPN la misma semana en que Pornhub fue bloqueado en un estado. Ese pico se mantuvo durante más de 20 semanas.

La brecha ya no es generacional, es digital

Aunque Google no distingue si quien busca es menor o adulto, otros estudios han demostrado que los adolescentes entre 13 y 18 años saben usar VPN o aprenden rápido. Algo lógico: si no lo saben, se lo preguntan a la IA.

En resumen, los menores siguen accediendo al contenido, aunque con algunos malabares. Mientras tanto, los adultos deben entregar datos personales sensibles para acceder a lo que ya era legal para ellos.

Por eso, el economista jefe del Phoenix Center, George S. Ford, advierte que este tipo de legislación impone restricciones desproporcionadas a los derechos de los adultos, con escasa eficacia frente a los menores.

Además, destaca los riesgos de ciberseguridad que implica el uso de VPN gratuitas: fugas de IP, rastreo por terceros o vulnerabilidad ante ataques informáticos.

La tecnología no espera y los jóvenes tampoco, y en este proceso, los adultos se quedan atrapados entre leyes que prometen mucho, pero protegen poco.