Destitución en Perú pone en duda cruzada anticorrupción

(AP). Cuando el Congreso peruano destituyó de la presidencia a Martín Vizcarra, puede que haya hecho algo más que derrocar a un líder popular: probablemente puso en suspenso la mejor oportunidad para atacar a la corrupción que corroe el país sudamericano.

Vizcarra se había convertido en el más firme defensor de las medidas para poner fin a décadas de política sucia. En 2019 disolvió el Congreso luego de que los legisladores obstaculizaran los esfuerzos para frenar la corrupción y reformar la justicia. También intentó acabar con la inmunidad legislativa.

Puede que no haya logrado impulsar un cambio importante, ahora está bajo investigación fiscal por presunta corrupción, pero muchos peruanos vieron a Vizcarra como líder de una campaña aún incipiente para hacer responsables a los poderosos. Furiosos por su destitución el lunes, miles han protestado desde entonces, negándose a reconocer al nuevo gobierno.

“Desde el punto de vista político, él era el rostro de la resistencia”, dijo Alonso Gurmendi, analista político y profesor asistente de la Universidad del Pacífico de Perú. “Creo que no veremos muchos esfuerzos anticorrupción en este Congreso”, añadió.

En una región donde el soborno es común, Perú ha ido más lejos que la mayoría de los países latinoamericanos en los últimos años en la investigación de líderes de alto rango.

Todos los expresidentes vivos están siendo investigados o han sido acusados de cargos de corrupción. Todos, menos uno, han sido vinculados al masivo escándalo de Odebrecht, en el que el gigante brasileño de la construcción ha admitido haber repartido millones en sobornos a cambio de contratos de obras públicas. El otro, Alberto Fujimori, está cumpliendo una sentencia de 25 años por corrupción y por los asesinatos de 25 peruanos durante su administración de 1990-2000. Y esos son únicamente los casos que involucran a jefes de Estado.

El lunes, horas antes de ser destituido, Vizcarra enrostró a los legisladores y les dijo que 68 de ellos tienen investigaciones en la fiscalía por acusaciones que van desde el lavado de dinero hasta el homicidio. El nuevo presidente, Manuel Merino, ha sido cuestionado por su posible nepotismo en la concesión de 55.000 dólares en contratos estatales otorgados a su madre y dos hermanos cuando era legislador, aunque él niega haber cometido un delito.

“¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello? ¿Sin que la investigación fiscal haya sido concluida?”, preguntó Vizcarra a los legisladores que lo abuchearon y golpearon sus carpetas indignados.

La hipocresía no pasó desapercibida para decenas de peruanos que han protestado por la destitución de Vizcarra bajo una vaga cláusula constitucional del siglo XIX que permite al Congreso destituir a un presidente por “incapacidad moral permanente”. Los legisladores lo acusaron de aceptar 630.000 dólares en coimas a cambio de dos contratos de construcción mientras se desempeñaba como gobernador de una pequeña provincia del sur del Perú.

Vizcarra negó las acusaciones y aún no ha sido procesado, pero accedió a dimitir, afirmando que no quería agravar aún más la ya precaria estabilidad del país, que empeoró debido a la pandemia.

Algunos culpan a un sistema de partidos políticos débil en el que los peruanos eligen a los legisladores de una lista confusa de candidatos poco conocidos, muchos de los cuales no tienen experiencia. Los analistas también creen que la generosa inmunidad parlamentaria del Perú alienta a las manzanas podridas a postular al Congreso.

En una encuesta realizada por Proetica, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, se comprobó que de 40 casos, entre 2006 y 2019, donde se pedía el levantamiento de la inmunidad de los legisladores para enjuiciarlos en la Corte Suprema, sólo se concedieron seis, lo que indica que las personas sospechosas de haber cometido delitos a menudo pueden evitar el enjuiciamiento.

“Muchos legisladores entran en funciones ya con investigaciones”, dijo Samuel Rotta, director del grupo. “Muchos entran en la política para tener acceso a la inmunidad”, añadió.

La política de Perú no siempre fue considerada tan corrupta.

Carlos Fernández, profesor de ciencias políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Lima, ha analizado décadas de encuestas de opinión pública y ha encontrado que no fue hasta finales de los 80 que los peruanos empezaron a desconfiar ampliamente de sus políticos.

El flagelo comenzó durante la desastrosa administración de Alan García (1985-1990), quien en 2019 se suicidó cuando la policía llegó a su casa para detenerlo en relación con la investigación de Odebrecht. Durante los 10 años de gobierno de Fujimori --plagado de abusos y un notorio escándalo en el que su jefe de espías fue filmado sobornando a congresistas-- la confianza disminuyó aún más.

En los decenios transcurridos desde entonces, los peruanos han visto cómo un político tras otro era acusado de aceptar sobornos, obstruir la justicia y malversar fondos.

“Hemos tenido 35 años de gobiernos corruptos”, dijo Fernández. “Se ha creado una cultura política de corrupción que ahora la gente rechaza”, indicó.

Aunque los legisladores destituyeron a Vizcarra acusándolo de corrupción, muchos analistas políticos dicen que la medida fue poco más que un “golpe de Estado” parlamentario de un grupo de legisladores que temían que las acciones del presidente pusieran en peligro sus propias carreras.

A Vizcarra sólo le quedaban ocho meses en el cargo y estaba impedido de postular.

“Las probabilidades de que las reformas contra la corrupción sigan adelante son muy remotas”, dijo Cynthia McClintock, profesora de ciencias políticas en la Universidad George Washington.

Algunos han cuestionado que Vizcarra haya dejado el poder de inmediato en vez de luchar contra el Congreso luego que los legisladores obtuvieron un voto abrumador para destituirlo.

Otros se preocupan por el tipo de gobierno que el nuevo presidente será capaz de formar. Uno de sus primeros nombramientos, para primer ministro, es Antero Flores-Aráoz un político que era ministro de Defensa y renunció junto al gabinete de la época en 2009 después de que 34 personas fueran asesinadas en una larga protesta indígena que no fue escuchada.

Aún se desconoce cómo Merino manejará asuntos gigantescos como la pandemia y muchos esperan que intente aprobar medidas populistas potencialmente destructivas.

Muy pocos países de la región han dado señales de que reconocerán el gobierno de Merino hasta ahora, y varios han emitido declaraciones instando al Perú a mantener los planes para las elecciones presidenciales de abril. La Organización de Estados Americanos dijo el miércoles que está “profundamente preocupada” por la agitación en Perú.

“Todo el nuevo gobierno está tan evidentemente paralizado por lo que hizo que no va a ser capaz de reunir apoyo”, dijo Gurmendi, refiriéndose a Merino.

Los peruanos, por su parte, se han quedado una vez más atrapados en el medio, viendo cómo se desarrolla un drama político en el que han perdido mucha voz.

La estudiante universitaria Violeta Mejía dijo que muchos están simplemente hartos.

“¿Por qué estoy protestando?”, dijo entre una multitud de manifestantes el martes. “Porque estamos cansados”, comentó.