Andalucía teme "pagar" la factura de la investidura de Illa si finalmente se produce

El futuro del Gobierno de España está ligado a Cataluña. Pedro Sánchez necesita contar con todos sus socios de investidura para seguir gobernando y un posible pacto entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa dejaría sin alicientes a Junts para apoyar a Sánchez en Madrid. Pero, decisiones nacionales al margen, desde Andalucía también se ve con recelos la llegada del PSC a la Presidencia de la Generalitat aunque por distintos motivos.

La figura de Illa no genera tantos recelos como sí lo hace la presión que pueda ejercer ERC para arrancar compromisos al Gobierno de Sánchez para Cataluña a cambio del apoyo a su candidato. Y ahí es donde ya ha habido las primeras advertencias por parte de miembros del Ejecutivo autonómico, empezando por el propio presidente Juanma Moreno.

De momento, uno de los aspectos que ha trascendido es que, tal y como ha publicado LA RAZÓN, ERC quiere otros 150 millones de euros para los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana. En diciembre, el Gobierno y la Generalitat ya acordaron financiar con 1.600 millones de euros a este cuerpo policial hasta 2030.

Este hecho contrasta con las dificultades que tiene Andalucía para cubrir los puestos de trabajo en la Unidad de la Policía Adscrita pese a que la Junta ha aceptado pagar la mitad de las plantillas. A diferencia de los Mossos d´Esquadra, esta unidad no es una policía autonómica sino que depende orgánicamente del Ministerio del Interior y solo funcionalmente de las Autoridades de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando integrada actualmente en la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa a través de la Secretaría General de Interior.

Existen otros asuntos de controversia. Recientemente, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España alertó de que las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado se ejecutan en un menor porcentaje en Andalucía que en Cataluña. Aquí, ambos estatutos se «blindaron» en su día. Los catalanes incluyeron que las inversiones del Estado deberían hacerse en función del PIB que aportaba Cataluña y, en el caso andaluz, se utilizó el criterio de la población que representa en el conjunto nacional. En realidad, de nada sirven –más allá de que al final es una decisión del Gobierno–si luego no se ejecutan las inversiones previstas en las cuentas públicas.

Además, ya ha habido discrepancias por el reparto de fondos europeos que se pueden incrementar en los próximos años. Así, mientras que Cataluña ha recibido un 15,8% de los fondos ‘Next Generation’ vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) –según cálculos de la Consejería de Hacienda–, Hacienda solo ha obtenido «un 10%».

A todo ello hay que sumar el negociado traspaso de Rodalíes, 1.500 millones de euros para los trenes de Cercanías. La Generalitat de Cataluña. Este extremo ya estaba contemplado en el pacto de investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y ERC. Es más, ese acuerdo «incluye una calendarización anual de las actuaciones e inversiones en infraestructuras previstas en el Plan de Rodalies de Catalunya, así como de otras actuaciones que resulten necesarias para la reposición de activos y mejora de las prestaciones de la infraestructura, en términos de capacidad, funcionalidad o calidad». Por tanto, con Illa en la Generalitat el cumplimiento por parte del Gobierno de este punto sería casi «obligado».

En comparación, las administraciones de Málaga celebraron que en 2025 se hagan estudios sobre el tren litoral.

Con todo, el mayor temor reside en la financiación autonómica, la condonación de la deuda con Cataluña y la recaudación del cien por cien de los impuestos por parte de la Generalitat. Esos serían temas clave que con Illa en el Gobierno podrían convertirse en una realidad.