El Gobierno andaluz no aplicará peajes en carreteras autonómicas

La polémica sobre la posibilidad de que el Gobierno de España se haya comprometido con la Unión Europea a instaurar peajes en las carreteras a partir del año que viene se debatirá este jueves en el Parlamento de Andalucía. El Grupo Popular defenderá una Proposición no de Ley por la que pretende instar al Gobierno de España «a informar, de forma concreta y precisa, sobre las medidas de implantación de peajes en las vías de alta capacidad que discurren por Andalucía a las que se haya comprometido con la Unión Europea y los efectos que tendrían estas medidas sobre los ciudadanos de Andalucía», figura en el texto.

Igualmente, también solicitará –y saldrá adelante con la mayoría absoluta de la que disfruta– que «cualquier medida que suponga la implantación de peaje o pago por circular en las carreteras que discurran por nuestra comunidad autónoma y el compromiso de consensuar con el Gobierno de Andalucía cualquier alternativa que afecte a los andaluces».

Con todo, lo más llamativo de la iniciativa es que el PP recuerda el compromiso adquirido por el Ejecutivo que preside Juanma Moreno de no aplicar peajes en las carreteras de titularidad autonómica, una decisión que ya se trasladó en la anterior legislatura, cuando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana reconoció que estudiaba esa posibilidad. La entonces consejera de Fomento y hoy alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo repetía que «en Andalucía no se van a aplicar peajes en ninguno de los 10.500 kilómetros de carreteras que son de competencia autonómica».

La Proposición no de Ley del Grupo Popular recuerda que «desde el Gobierno de Andalucía se ha rechazado de forma contundente esta medida, se ha asumido el compromiso de no implantar ningún peaje en las carreteras de competencia autonómica, se ha recordado el tiempo y el dinero que ha costado eliminar los peajes históricos en nuestra comunidad y se ha abogado por medidas de reducción de impuestos para favorecer el desarrollo económico y social de nuestro territorio».

En Andalucía existen carreteras de titularidad del Estado, de la Junta de Andalucía y de las diputaciones provinciales. Las vías autonómicas se incluyen en la Red de Carreteras de Andalucía, constituida por las carreteras que discurriendo íntegramente por el territorio andaluz. Así se materializó en un acuerdo de Consejo de Gobierno de 2005 en el que se decidió que todas las carreteras autonómicas se matricularán con la letra A, seguida de tres dígitos en los casos de las redes básicas e intercomarcal (largo y medio recorrido) y de cuatro dígitos en la red complementaria (que cumple funciones de acceso a la red básica y a las zonas metropolitanas y turísticas).

La única excepción a esta decisión y que así se ha mantenido ha sido una de las principales arterias de la comunidad, la autovía A-92, que ha mantenido su matrícula con dos dígitos.

Además de la A92, que une Sevilla con Almería, la red autonómica denominada estructurante incluye vías como la A-316, desde Úbeda a la carretera Granada-Córdoba; la A-318, desde Estepa a la misma carretera Granada-Córdoba; la A-381, de Jerez de la Frontera a Los Barrios; la A-92G, de Santa Fe a Granada; la A-92M, de Estación de Salinas a Villanueva de Cauche; y la A-92N, que une Guadix con el límite de la Región de Murcia.

El PP recuerda en el texto que Andalucía «sufre un importante déficit de inversión histórica en infraestructuras» y que «durante años», la AP-4, la autopista que une Sevilla con Cádiz ha sido de pago, por lo que «la provincia de Cádiz, ha tenido que soportar una barrera a su desarrollo económico durante más de cuarenta años y que, de aplicarse los planes del presidente Pedro Sánchez, volvería a sufrir la implantación de esta barrera de entrada y salida de la provincia».

El nuevo Gobierno de España tendrá que tomar una decisión en la próxima legislatura.