Aguas regeneradas para un campo de golf en Matalascañas

Aún hoy Google, en una búsqueda rápida, nos permite leer en un portal de alquiler de viviendas de vacaciones en Cádiz y Huelva cómo se promocionaba el campo de golf de Matalascañas impulsado por el PSOE hace dos décadas: «(...) tenemos un estupendo campo de golf para los amantes de este deporte. 18 hoyos en el entorno de Doñana, con servicios acorde a estas instalaciones, como clases, restaurantes, etc. El campo de golf es pionero en el cuidado del medio ambiente ya que extrae gran parte del agua de acuíferos de la zona». Las instalaciones cerraron en 2016 por falta de agua, pues durante años la empresa que lo gestionaba se había nutrido de recursos hídricos del acuífero del Parque Nacional. Ahora, Ecologistas en Acción detalla en un informe que la ejecución por parte del Estado de la EDAR de Matalascañas –con previsión de finalización en 2026– permitiría su reapertura si se riega con aguas regeneradas. Y ello mientras Gobierno y conservacionistas rechazan de forma tajante las medidas alternativas para corregir la injusticia sufrida por cientos de agricultores que ofrece la proposición de ley de regulación de regadíos del Condado que se debate en el Parlamento.

La asociación ecologista ha publicado recientemente su «Estudio de las muestras analíticas del año 2022», un trabajo que viene realizando desde hace una década y en el que se analiza el saneamiento y la depuración de aguas en Andalucía. Financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la sección dedicada a Huelva se hace eco del informe enviado por el Gobierno de España a la Comisión Europea con la respuesta en relación a la carta de emplazamiento referida a la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que pesa sobre España por el estado del Parque Nacional de Doñana: «En lo referente a la EDAR de Matalascañas, el informe dice que la actual planta depuradora es insuficiente para tratar correctamente los vertidos urbanos que recibe, dado que no se cumplen los requisitos que impone la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Una vez que quede definida la actuación y obtenida la nueva declaración de impacto ambiental favorable, así como el resto de autorizaciones necesarias, podrán iniciarse las obras, lo que difícilmente podrá ocurrir antes de final de 2023».

Al respecto, Ecologistas en Acción concluye exponiendo que «la solución posibilitará la reutilización de aguas residuales depuradas y regeneradas, tanto para usos urbanos que no requieren agua potable (riego de jardines, baldeo de calles...) como para el riego del campo de golf inserto en el propio casco urbano de Matalascañas».

El estudio señala que, desde 2018, España «ya ha abonado más de 70 millones» por la multa impuesta por la UE y que «el Gobierno prevé que el total supere los 80 millones, la mayor sanción impuesta» por falta de depuración de aguas. «Y seguirá porque aún quedan pendientes actuaciones por entrar en funcionamiento, por ejemplo, la EDAR de Matalascañas, cuya puesta en marcha está prevista para 2026», dice Ecologistas en Acción.

El mismo grupo conservacionista, en mayo de este año, mostraba una «total oposición» a una «macrourbanización con campo de golf junto a Doñana», en Trebujena (Cádiz), porque había sido «aprobada por la Junta» y anunciaba la presentación de 190 alegaciones. Del mismo modo, reitera –ayer mismo por enésima vez– su negativa a la tramitación de la proposición de ley que el PP-A y Vox plantean para zanjar la polémica generada en los municipios de Moguer, Lucena, Almonte, Rociana y Bonares con agricultores que quedaron excluidos del ya famoso plan de la fresa, que acabó con cientos de propietarios excluidos del derecho a concesión de regadío por una foto fija de 2004 que no se ajustaba a la realidad social y laboral del momento.

En su último informe, Ecologistas en Acción valora como «muy positivo» el hecho de que todas las actuaciones declaradas de interés autonómico estén en marcha, cuando hace solo cuatro había más de un 42% de obras sin iniciar». «Si en 2021 se dio un paso atrás, ahora vuelve a subir el porcentaje de EDAR que cumplen la norma de aguas residuales, aunque se mantiene un 32,5% no conformes», añade.

A nivel provincial, detalla la organización, es donde se reflejan mejor las diferencias con respecto al año anterior, mientras que Córdoba y Huelva se mantienen en los mismos porcentajes que en 2021, las provincias de Granada, Almería y Jaén son las que han mejorado mucho. Granada ha mejorado en 15 puntos porcentuales, Almería en 14 y Jaén en 9. Por su parte, Córdoba sigue siendo la provincia con mejores porcentajes de conformidad, con algo más del 87%. Le sigue Huelva casi con algo más del 84% (en 2018 tenía el 58%) y Sevilla, que ha pasado del 59% en 2018 al 73% en 2022. Por último, Málaga es la peor provincia, con solo el 50% de depuradoras conformes, 22 puntos porcentuales menos que en 2013. Le sigue Cádiz con poco más del 54,5%, 7 puntos porcentuales peor que el año anterior. «En los cuatro últimos años se ha acelerado de forma notable las infraestructuras pendientes que se declararon de interés autonómico en 2010», asevera Ecologistas.