Juanma Moreno, sobre los ERE: «El Tribunal Constitucional no ha absuelto a nadie»

En el Partido Popular y en el Gobierno andaluz están convencidos que el «blanqueo» de la imagen del PSOE andaluz tras las decisiones del Tribunal Constitucional es una estrategia diseñada desde Ferraz, sede del partido a nivel nacional. No se trata de recuperar el pulso del partido en la comunidad y «dignificar» la figura de Chaves o Griñán, sino de que cualquier intento judicial contra Pedro Sánchez –señalado por los casos judiciales en los que están siendo investigados Begoña Gómez y su hermano– sea visto como una campaña judicial y mediática como la que sufrieron los socialistas en Andalucía. Por tanto, más que una operación de iniciativa política es una estrategia defensiva por lo que pueda pasar en el futuro.

La última sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento de Andalucía antes de las vacaciones de verano fue un monográfico sobre los ERE y que podría haber tenido como protagonistas a José Antonio Griñán y Javier Arenas o incluso a Susana Díaz y a Juan Marín. No fue así. Juan Espadas, secretario general del PSOE, fue el encargado de defender la gestión que hizo su partido entre 2001 y 2010 y Juanma Moreno, el actual presidente autonómico, el que le recordó que las decisiones del Tribunal Constitucional no suponen en ningún caso un aval al manejo de fondos públicos que hicieron los distintos Gobiernos socialistas.

Así, Moreno recordó que «el caso ERE es el mayor fraude de dinero público de la Historia con 680 millones, tal y como dijeron la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo»; puntualizó que «el Tribunal Constitucional no ha dicho lo contrario» y que «no ha absuelto a nadie».

Los efectos de la sentencia de amparo «son limitados», explicó el presidente andaluz, por lo que «se mantienen los delitos de prevaricación y malversación en la mayoría de los casos». Además, el TC «no ha puesto fin al caso ERE» porque «ordena la retroacción de actuaciones para que la Audiencia Provincial de Sevilla vuelva a emitir otra sentencia».

Otra mala interpretación que se ha extendido es que el Constitucional haya negado el fraude cuando se mantiene la existencia «de una trama política como señaló la Audiencia y el Supremo».

Moreno recordó que el caso ERE sigue vivo con 134 causas abiertas en los juzgados y recordó que la semana pasada el exalcalde socialista de Los Palacios fue condenado porque el consistorio recibió una ayuda de 750.000 euros para un hipódromo que nunca llegó a construirse. «¿Eso no es fraude y robo al contribuyente?», se preguntó Moreno.

El jefe del Ejecutivo andaluz acabó con una reflexión: «¿Qué van a decir si la Audiencia Provincial vuelve a condenar a los que han sido condenados? ¿Volverán a expulsar a Chaves y Griñán?»

«Por mucho que quieran reescribir la historia, la historia ha sucedido y se defraudaron 680 millones de euros de fondos públicos para dárselos a empresas sin criterio, porque les interesaba, a ésta sí y a ésta no, y se beneficiaron a 6.000 trabajadores dejando fuera a otros 100.000 porque no lo sabían porque no se publicaron –las ayudas– en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», concluyó.

El Gobierno andaluz y el PP no van a dar un paso atrás en su postura sobre el fraude de los ERE por mucho que las decisiones del Tribunal Constitucional hayan supuesto un varapalo. Queda aún la decisión de la Audiencia Provincial, que es ahora la que tiene decidir cómo reformular las sentencias pendientes.

Moreno no fue el único que cargó contra el PSOE. Anteriormente, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), insistió durante el Pleno que «fraude ha habido» y que «el caso no ha acabado», «se empeñen en lo que se empeñen» los socialistas.

Desde el PSOE, Espadas trató de hacer ver que el PP-A sigue «viviendo del cuento de los ERE» y lamentó que los dirigentes populares sigan afirmando «lo que el Tribunal Constitucional ha anulado» y «sigan diciendo, después de conocidas las sentencias que hubo una trama corrupta».

Por ese motivo, anticipó que ya tienen preparadas las primeras querellas por injurias y calumnias contra dirigentes del PP y de Vox.

En concreto, el PSOE ha presentado dos demandas ante juzgados de primera instancia e instrucción de Madrid contra, por un lado, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, y, por otro lado, contra la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez Millán.

De igual modo, el PSOE-A ha presentado una demanda en un juzgado de primera instancia de Sevilla contra los consejeros Antonio Sanz y José Antonio Nieto, y el secretario general del PP-A, Antonio Repullo.

Además, el PSOE andaluz, y Juan Espadas a título personal, han presentado otra demanda contra dirigentes de Vox en Andalucía: el portavoz parlamentario, Manuel Gavira; los parlamentarios autonómicos Javier Cortés y Ana María Ruiz; y los portavoces adjuntos de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja y Fernando Rodríguez Galisteo.

El caso ERE sigue vivo por obra y gracia del Constitucional cuando la actualidad dicta que el de ayer fue el último Pleno antes de que Moreno afronte la reestructuración de su Gobierno para encarar la segunda mitad de la legislatura antes de las elecciones.