La ley de altos cargos se endurece: otra traba para atraer talento

El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto ley que impedirá a los altos cargos realizar actividades o prestar servicios en entidades privadas (incluidas las que pertenezcan al mismo grupo societario) relacionadas con expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resolución en el ejercicio del cargo. Además, durante los dos años tras el cese tampoco podrán firmar, ni por sí mismas ni a través de entidades participadas por ellas directa o indirectamente en más del 10%, contratos administrativos o privados de cualquier naturaleza con la Junta y sus entidades dependientes, en las que hubieran prestado servicios, siempre que guarden relación directa con las funciones ejercidas.

Más allá del detalle de la norma, el objetivo del Ejecutivo autonómico, según verbalizó el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, es que Andalucía cuente con el régimen de incompatibilidades«más exigente de España», un mensaje que desincentiva a profesionales ajenos a la política a involucrarse en asuntos públicos y que va en contra de la reflexión que el presidente Juanma Moreno planteó tras las elecciones autonómicas de 2022. En ese momento, cuando estaba conformando su nuevo Ejecutivo –respaldado por una sólida mayoría absoluta–, Moreno admitió que había recibido las negativas de varias personas a las que les había propuesto ser consejeros y que, en algunos casos, han renunciado a ello «por razones de salud, que no les aconsejan asumir responsabilidades que les generen ansiedad o estrés», y en otros casos por el «severo régimen de incompatibilidades que tenemos en Andalucía, que hace que a muchas personas del sector privado prácticamente les sea imposible asumir una consejería».

El presidente autonómico, justo en el inicio del actual mandato, compartió un mensaje el mismo día que anunció los nombres que iban a componer su Ejecutivo: «Tenemos que hacer una reflexión a futuro sobre cuál es el procedimiento que tenemos en Andalucía en cuanto a incompatibilidades», porque «hay una pérdida de talento, de oportunidades» como consecuencia de ello.

Este cambio de estrategia se produjo cuando, hace unas semanas, el exviceconsejero de Salud y Consumo y exgerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, decidió fichar como directivo de una compañía sanitaria privada. Entiende el Ejecutivo autonómico que la Ley actual, que data de 2005, no regula un pronunciamiento de la administración sobre si la labor profesional que vaya a desarrollar en esos dos años se ajusta a la normativa de incompatibilidades.

El objetivo es contar con un texto más claro y que ofrezca mayor seguridad jurídica. El decreto ley, que entrará en vigor en el momento que se publique en el BOJA, determina que existe relación directa cuando el alto cargo en el ejercicio de sus funciones, o su superior jerárquico a propuesta del alto cargo o quienes sean titulares de órganos que eran dependientes de él (ya sea por delegación o sustitución) hubiese suscrito un informe preceptivo, una resolución administrativa o un acto equivalente en relación con la empresa o entidad. También cuando hubiese votado de forma favorable decisiones que afecten a las competencias del cargo desempeñado en órganos colegiados relacionados con la empresa o entidad que se trate.

Además, obligará a los altos cargos cesados que pretendan realizar una actividad privada en el mismo sector en el que hayan desarrollado sus funciones en los dos años posteriores a su cese, a comunicarlo previamente a la consejería competente en materia de administración pública y a obtener una autorización.

Con esta modificación legal aprobada, la intención ahora es alcanzar un acuerdo con la oposición y tramitarlo bien como proyecto de ley o como anteproyecto. En ambos casos, lo normal es que vaya incluso en una dirección más restrictiva que la actual. El consejero Nieto sí admitió que se podrían modificar las cesantías para ampliarlas, una compensación que reciben los altos cargos para un «aterrizaje» más suave en el sector privado tras el paso por el sector público.

Hay que recordar que, junto a la ley de incompatibilidades, en 2005 también se aprobó la ley que regulaba el estatuto de los ex presidentes de la Junta de Andalucía y que señalaba que estos, cuando alcanzaran la edad de 65 años y cesaran en su actividad laboral, tendrían derecho a percibir una asignación mensual igual al sesenta por ciento de la retribución mensual que corresponda al ejercicio del cargo de quien ostente la Presidencia de la Junta de Andalucía. El texto, aprobado bajo la presidencia de Manuel Chaves, fue eliminado en 2011 por José Antonio Griñán, en pleno nacimiento del 15M, el movimiento de indignados que cargaba contra la clase política.