Los profesionales sanitarios de Andalucía se quedan sin asistencia en agresiones que no sean físicas

Los letrados de la Administración Sanitaria han comunicado que dejan de asistir a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en aquellos casos en los que no se produzcan agresiones físicas, debido al "incumplimiento" por "quinto año consecutivo" del nuevo decreto que regula la asistencia jurídica del SAS.

En una nota, la Asociación de Letrados de la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ALAS) ha recordado este miércoles que no se ha incluido una partida en el presupuesto de la comunidad de 2024 para poder articular este nuevo decreto, que dota a la asesoría de la estructura y organización necesarias para poder cumplir sus funciones.

Por ello, han anunciado que van a limitar la asistencia jurídica de los profesionales y autoridades y personal de los centros sanitarios y demás centros directivos del SAS a las “agresiones físicas” producidas en el ejercicio de sus funciones, que contempla su actual reglamento, con exclusión de todas aquellas situaciones o hechos como amenazas, coacciones, insultos o vejaciones que no supongan una “perturbación grave” de la prestación de asistencia sanitaria.

La citada asociación asegura que se ven "obligados" a adoptar esta decisión ante la "situación de abandono y de falta de medios" en la que se encuentra la actual Asesoría Jurídica, cuya estructura orgánica "no ha sido actualizada desde hace más de dos décadas, ante el incumplimiento de la Consejería de Salud del compromiso en el seno del Plan de Agresiones a los profesionales del SAS de actualizar el Decreto de asistencia jurídica al SAS que es del año 2005".

En el citado escrito, que ha sido firmado por los 42 letrados de Administración Sanitaria actualmente en activo, se comunica que “ante la situación actual de la Asesoría Jurídica que hace imposible el adecuado ejercicio de las funciones que normativamente tiene encomendadas (…) y frente al manifiesto incumplimiento del que fue un firme compromiso de dotación presupuestaria (…) resulta necesario limitar la asistencia".

Esta comunicación se hace "a los efectos de que pueda trasladarse esta circunstancia al personal del sistema sanitario público de Andalucía, principal afectado por la grave situación de la Asesoría Jurídica, a fin de que pueda llevar a cabo las actuaciones que estime necesarias en defensa de los derechos que entienda que no van a quedar amparados por las previsiones del actual Plan de Prevención y Atención frente a agresiones a profesionales del sistema sanitario público de Andalucía".

La asociación subraya que entre los años 2018 a 2021 se produjeron en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud un total de 4.992 agresiones, de las cuales 4.030 fueron “agresiones no físicas”.

Por otro lado, el Colegio de Enfermería de Sevilla rechaza la eliminación del requisito de nacionalidad para ejercer en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante todo el año 2024, medida adoptada por el Gobierno de Andalucía para captar y mantener a enfermeras extracomunitarias mientras las "enfermeras sevillanas se ven obligadas a emigrar".

La Junta de Andalucía justifica esta medida ante la “necesidad” de hacer frente al déficit de efectivos para cubrir determinados puestos y entre las causas de esta escasez de candidatos destaca “el escaso atractivo profesional de determinadas plazas”, según consta en el BOJA publicado este martes 12 de diciembre, ha informado dicho colegio profesional en un comunicado.

La institución colegial recuerda que 225 enfermeras en Sevilla han pedido traslado este año para ejercer presumiblemente en otras comunidades o países atraídas por mejores condiciones, una "fuga de profesionales que debe impedirse en la medida de lo posible mediante contratos más atractivos en los servicios públicos de salud", ha sostenido.

Asimismo, el Colegio de Enfermería de Sevilla recuerda que dos promociones de enfermeras graduadas (en torno a 860 profesionales) permanecen pendientes de inscripción en la Bolsa del SAS, de modo que aboga por dotar de mayor agilidad a este proceso que permitirá a la Administración sanitaria contar con casi mil candidatas más en Sevilla.

En otro comunicado, el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), que aglutina a todos los colegios profesionales provinciales de Enfermería, ha lamentado "algunas de las justificaciones de la Junta para prolongar la contratación de personal extranjero no comunitario durante 2024" y ha respondido que "hay miles de enfermeras y enfermeros en Andalucía que pueden optar a ser contratados por el SAS, y lamentablemente muchos tienen que marcharse a otras comunidades en busca de mejores condiciones laborales y estabilidad".

Ha considerado “inadecuada y fuera de lugar” la argumentación por el que se exime del requisito de nacionalidad para la realización de “nombramientos de carácter temporal de personal de enfermería extranjero no comunitario por el SAS durante el 2024”, ya que señala la escasez de personal de enfermería en determinadas zonas geográficas y especialidades, así como en determinados periodos de crecimiento puntual de demanda asistencial.

La presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería, María del Mar García Martín, ha incidido en que “es fundamental contener la fuga de profesionales de la enfermería que se titulan en nuestras facultades y que, para conseguir desarrollar su perfil profesional y acceder a mejores condiciones laborales, tienen que desplazarse hacia otras comunidades y países”.

Ha añadido que "hay miles de profesionales de la Enfermería que ejercen en las zonas rurales" y ha abogado por favorecer e implementar las contrataciones en entornos rurales “no asociando connotaciones negativas y señalándolas como el detonante para el rechazo de puestos de trabajo”.