Baleares blindará los hoteles frente a okupaciones con una ley pionera en España

Baleares podría convertirse en la primera comunidad española en contar con una normativa específica para proteger los hoteles y alojamientos turísticos frente a las ocupaciones irregulares.

El Partido Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) que propone modificar la Ley 8/2012 de Turismo de las Islas Baleares, con el objetivo de dotar al sector de herramientas legales que permitan reaccionar con rapidez ante este tipo de situaciones.

La iniciativa, pionera a nivel nacional, tiene un doble objetivo: prevenir ocupaciones y facilitar el desalojo exprés de quienes permanezcan en los establecimientos con fines distintos al turístico.

Además, la PNL establece que los clientes deberán conocer de manera explícita las normas internas de cada hotel y las consecuencias de incumplirlas, reforzando así la transparencia y la seguridad en los alojamientos.

Refuerzo del derecho de admisión

El texto presentado por el PP refuerza el derecho de admisión, permitiendo a los propietarios actuar sin necesidad de mediación judicial cuando se detecten ocupaciones irregulares.

A diferencia de las viviendas, los cuerpos de seguridad podrían intervenir directamente para recuperar el control del inmueble, protegiendo así tanto la inversión como la reputación del sector hotelero, considerado uno de los principales motores económicos de las islas.

La propuesta llega tras varios incidentes que han encendido las alarmas en el sector turístico. En enero, ocho personas ocuparon el apartahotel Sol i Mar de Cala Bona, cerrado por temporada baja, y denunciaron al establecimiento mientras los propietarios observaban cómo las instalaciones eran vandalizadas. La mediación del conseller de Turismo, Jaume Bauzà, fue necesaria para que los okupas abandonaran el edificio días después.

El famoso caso del complejo Bellevue

No se trata de un caso aislado. El complejo Bellevue en el Puerto de Alcúdia permanece clausurado desde una ocupación durante la pandemia, y otro apartahotel en Cala d’Or sufrió daños similares.

Los hoteleros advierten que, detrás de muchas ocupaciones, operan redes organizadas que subarriendan habitaciones o extorsionan a los propietarios, y destacan que no se trata de casos de pobreza, sino de mafias que aprovechan la lentitud del sistema judicial.

La PNL prevé modificar el régimen de derechos y deberes de la Ley de Turismo para subrayar la obligación de informar al cliente sobre las normas internas y permitir el desalojo inmediato de quienes las incumplan o utilicen el alojamiento con fines distintos a los del servicio contratado. Según los populares, la libertad empresarial puede limitarse por razones de interés general, siempre sin vulnerar los derechos de los consumidores.

El cambio normativo se circunscribe a las competencias en materia turística y no afecta a la ley de vivienda estatal. La iniciativa contempla medidas concretas para que los hoteles puedan desalojar a usuarios que incumplan sus deberes, así como a personas que accedan o permanezcan en los establecimientos con fines distintos al uso normal del servicio.

Una propuesta del PP

La propuesta, impulsada por el grupo popular que lidera Marga Prohens, se debatirá en las próximas semanas en el Parlamento balear. Este modelo podría servir de referencia para otras comunidades turísticas como Canarias, la Comunidad Valenciana o Andalucía, que también enfrentan riesgos de ocupación durante la temporada baja, cuando cientos de hoteles permanecen vacíos.

Para que la PNL salga adelante, será necesario contar con apoyos más allá del PP; los populares confían en el respaldo de Vox, partido que mantiene una postura firme contra la okupación irregular.

Con esta iniciativa, Baleares busca consolidar un marco legal sólido que garantice la seguridad de los hoteles y proteja un sector vital para la economía de las islas, equilibrando los derechos de los consumidores con la protección de las inversiones y el empleo en el turismo.