Once Comunidades, a favor de que se pueda cazar al lobo

Castilla y León no se rinde en su lucha particular contra el Gobierno de España para impedir la protección del lobo, y pese a la «decepcionante» reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el consejero Suárez-Quiñones anuncia que seguirán dando la batalla con todas las armas legales que tengan a su disposición «para intentar parar esta sin razón que pone en peligro la ganadería extensiva y la pervivencia del medio rural».

Pese a todo, durante el encuentro se ponía de manifiesto que la mayoría de las regiones de la España autonómica rechazan que se incluye al lobo ibérico en la lista de especies silvestres de protección especial (Lespre), y, por ende, que se impida cazar a este animal en toda la península ibérica. Concretamente han sido once las regiones (Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid, Aragón, País Vasco, Navarra además de la ciudad autónoma de Ceuta) las que han mostrado su oposición a la protección de esta especie así como su malestar al procedimiento seguido en todo este proceso.

Suárez-Quiñones, además, reprochaba al Ministerio para la Transición Ecológica que convocara a esta reunión con ocho puntos en el orden del día, siendo el del lobo ibérico, el último que se abordó y con criterio de carácter meramente informativo, y todo ello a pesar de que las cuatro regiones convocantes, Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias, habían pedido la modificación de dicho orden del día para incluir el punto del lobo tal como se había pedido, pero sin obtener respuesta.

Estrategia nacional de 2004

El consejero señalaba que la mayor parte de las regiones han pedido el archivo del expediente de inclusión del Lobo Ibérico en el Lespre hasta que se produzca la modificación de la Estrategia Nacional de 2004 indicada, que en su opinión debería ser en el marco de una Conferencia Sectorial y buscando la unanimidad o al menos el consenso mayoritario de las Comunidades Autónomas, especialmente a las que le corresponde su gestión.

Suárez-Quiñones mostraba también su disconformidad por que se haya puesto en marcha un texto de actualización de la Estrategia Nacional de Gestión y Conservación del Lobo Ibérico, así como por el hecho de que dicho documento haya llegado a circular entre ONG’s y organizaciones profesionales agrarias, «no ya sin el consenso inicial de las Comunidades sino sin ni siquiera con el conocimiento y ni la participación de las mismas».

Por tanto, el consejero apuntaba que han solicitado la retirada de la iniciativa ministerial, además de que se lleven a cabo pasos firmes de recuperación de la vía de participación y acuerdos con las Comunidades Autónomas, «que es lo que siempre ha presidido históricamente en cualquier decisión sobre biodiversidad».

Suárez-Quiñones insistía en que no entiende la decisión tomada por el Ministerio que, a su juicio, se debe a «dogmas ideológicos» que el Gobierno de España «ha puesto por delante de los intereses de la conservación del medio ambiente, de los ciudadanos y de la pervivencia del medio rural como modo de vida.